Antaño, la falta de noticias relevante durante el verano con que llenar hojas de periódicos y ocupar tiempos en radios y televisiones invitaba a los periodistas a rebuscar en los teletipos hechos impactantes, a la vez que simpáticos, las serpientes de verano, para animarnos el ya de por sí agradable letargo estival. 
Mucho han cambiado las cosas. Sin ir más lejos, este agosto fue pródigo en noticias serias, especialmente, preocupantes. Ya sea por la desgracia de los migrantes, las burradas de Trump, la crisis de los países emergente o la pederastia dentro de la Iglesia Católica. 
España es un país con una fuerte presencia de la Iglesia en la sociedad, que trasciende el ámbito de los creyentes, de ahí que sea motivo de especial preocupación la actuación penal de sus miembros. Sin ir más lejos, en la enseñanza concertada goza de una posición privilegiada derivada de décadas anteriores de dominio de la educación, lo que nos desasosiega todavía más, si cabe, pues son muchos los padres que confían la educación de sus hijos a religiosos que regentan estos centros. 
La organización eclesiástica lleva muchos años amparándose en que los abusos sexuales a menores practicados dentro de sus instituciones son casos aislados, individuales, propios de la condición humana. Hasta ahora, podía valer esa explicación. Pero ya no puede ser así.
Efectivamente, cuando salen a la luz una sucesión de miles de casos en diferentes países de distintos continentes es evidente que la propia Santa Sede y la Iglesia Católica tienen un problema. Ya no vale que a los culpables identificados solo los juzgue Dios. No es suficiente que la Curia Romana les imponga  una penitencia de avemarías y padrenuestros en un retiro dorado dentro de los muros eclesiásticos. Podemos aceptar que sea un conflicto entre el sacerdote y el Todopoderos, pero con seguridad es un abuso de poder y actuaciones con consecuencias penales. Todavía estamos esperando que los pongan a disposición de la Justicia Civil, donde realmente se dirimen los conflictos entre las personas, públicas o privadas, con imposición de penas o absoluciones, mediante sentencias justas  por parte de jueces independientes. 
Por eso, no es de recibo que, a día de hoy, ni siquiera el mismo Papa Francisco haya dado instrucciones para denunciar ante las Instituciones Judiciales de los Estados a los presuntos culpables. No basta con pedir perdón y rezar sentado por las almas de los violadores y los violados. Solo así, esconde un repugnante amparo.
No son solo cosas de la Iglesia. Es hora de responder ante la sociedad,  ante la Justicia Civil. 
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