En fase todavía de discusión, la Unión Europea y Estados Unidos se hallan inmersos en el proceso de rubricar un tratado de libre comercio que está llamado a facilitar el intercambio de relaciones comerciales mediante la regulación a la baja de aranceles aduaneros. Pese al calado y alcance de la negociación, lo cierto es que poco o nada sabe la sociedad española de la misma ni, mucho menos, de las consecuencias que, en positivo o en negativo, pueden traer para el conjunto de la economía de un país.
El acuerdo contempla elementos garantistas sobre cada una de las partes, en espcial para la Europa, pero también incertidumbre sobre la capacidad de cada Estado de la UE para regular o controlar su aplicación en función de sus intereses y necesidades. Por lo pronto, ambos frentes en cuestión, el americano y el europeo, están caracterizados por un total antagonismo en cuanto a determinadas actividades, en especial en lo referente a la prestación de servicios, un área en la que, por el contrario, se considera que mayor repercusión tendrá la aplicación de este acuerdo.
Así, frente a la elevadísima externalización de servicios básicos para el ciudadano que domina la económica norteamericana, la Europa contempla elementos de mayor protección social, considerados como derechos esenciales de su propio desarrollo democrático y, en especial, aunque con matices conocidos, dotado de un sentido de lo universal difícil de entender en un ciudadano, cuando mucho menos en un político o un empresario de EEUU.
Las bonanzas del Tratado son fáciles de defender –incremento del negocio y el intercambio comerciales o supuesta generación de empleo, por citar algunos– pero la incertidumbre cabe aplicarla sobre qué países de la Comunidad Europea están más preparados para asumirlo. Estados como el nuestro, Portugal o Grecia, que han necesitado de apoyos económicos para no entrar en quiebra en el peor de los casos, son ejemplo de debilidad frente a Alemania, Francia, Inglaterra o los países nórdicos.
En una palabra, es material y físicamente imposible que un acuerdo de estas características repercuta por igual en las economías individuales.  Aun bajo el paraguas obligado de la UE, es por ello que cada Estado miembro debería gozar de la suficiente independencia para determinar su grado de vinculación al acuerdo, al menos en tanto la recuperación económica no sea ciertamente un hecho.