El ministro De Guindos no se cansó de pronosticar que España cumpliría en 2015 los objetivos de déficit pactados con Bruselas. Y no ha sido así. Ha alimentado la esperanza de que por tal infracción nuestro país no sería multado. Y no va a ser así. Al menos, el proceso sancionador está iniciado. Está por ver si el correctivo termina siendo testimonial a modo de reprimenda moral, de menor cuantía o ejemplarizante. De todas formas y sea cual sea el resultado final, el varapalo político que todo ello supone no es pequeño.
Todo depende de la valoración que en la capital comunitaria hagan de las alegaciones y propósitos de enmienda presentados por el Gobierno en funciones. Veremos a ver. Pero España bien pudiera convertirse en el primer país de la zona euro en ser multado por no cumplir los objetivos de déficit.
Los antecedentes no son buenos. Porque, como señalamos en su momento, en el último quinquenio el déficit público español presenta el peor comportamiento de la Unión Europea (28). Y durante los últimos ocho ejercicios nuestro país ha incumplido en mayor o menor medida los límites acordados.
Por poner algunos ejemplos: en 2012 se pactó el 6,3 por ciento y se cerró el ejercicio con el 6,7 por ciento del PIB; en 2014 los presupuestos generales del Estado preveían un déficit del 5,5 y se alcanzó el 5,9; y lo que ha resultado especialmente alarmante: que en 2015, justo el año en que más creció la economía española, el desvío haya sido de hasta nueve décimas por encima. Nuestra economía presenta así el segundo mayor déficit de la UE, tras Grecia.
No es de extrañar, pues, que Comisión Europea, Consejo y países como Alemania se hayan sentido contrariados ante la reiterada inobservancia de las recomendaciones hechas llegar desde 2013. Porque no se trata de un incumplimiento puntual o de un año, sino de un comportamiento continuo y reincidente.
A juicio de Bruselas, las medidas de consolidación fiscal puestas en marcha resultaron insuficientes para compensar el impacto de otras medidas expansivas implementadas en 2015, como reducción de impuestos, la devolución de la extra de Navidad a los funcionarios y la creciente tendencia al alza en el gasto asociado al envejecimiento de la población.
Medidas de incremento del gasto o recorte de ingresos que podían haberse evitado, pero que el Gobierno, a pesar de todo, puso en marcha por aquello de estar en año electoral. Por la misma razón, tampoco atajó comportamientos de las comunidades autónomas, que, a pesar de ser en buena medida responsables del déficit, siguieron funcionando sin control alguno.
En definitiva: que ni se ha cumplido en el pasado, ni se está cumpliendo ahora, ni se cumplirá en el futuro inmediato. Resultado: el procedimiento sancionador en curso.
