CHINA Y LA CORRUPCIÓN

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Es sabido que en China las libertades brillan por su ausencia. Especialmente la libertad de prensa. Por eso cuándo las autoridades del régimen deciden comunicar alguna información hemos de pensar que alguna razón habrá para ello. Por ejemplo, en los últimos tiempos llama la atención, y no poco, que ciertas noticias de corrupción que afectan a funcionarios y ex funcionarios del sistema comunista hayan aparecido en los medios de comunicación chinos. 
No hace mucho, la prensa oficial revelaba la existencia de 21.800 casos graves de corrupción desde enero a noviembre de 2013 según las estadísticas de la fiscalía popular suprema. Esta información, según fuentes oficiales, era consecuencia de un informe redactado en el marco de la nueva  estrategia del gobierno chino en la lucha contra la corrupción, en el combate a los delitos que cometen los propios altos cargos del gobierno del gigante asiático.
Desde luego, 21.800 investigaciones por corrupción, de las que 16.500 han concluido con la comisión de daños al erario público por funcionarios del régimen comunista chino, reflejan que el mal de la corrupción está muy extendido por el entramado institucional del país comunista. En total, la suma de dinero involucrada en estos escándalos de corrupción asciende, según apuntaban las informaciones oficiales, a 699 millones de euros.
En 2010 se reconoció por la fiscalía federal que 4.000 funcionarios chinos huyeron del país con 50.000 millones de dólares debajo del hombro hurtados de las arcas públicas entre 2007 y 2009. Estos funcionarios huidos lavaron el dinero sustraído mediante la adquisición de propiedades inmobiliarias en el exterior aprovechando los “servicios” de las mafias que operan en países como Estados Unidos y Australia fundamentalmente. En concreto, en 2009 las autoridades chinas investigaron a más de 3000 funcionarios en sus salidas al extranjero.
La llegada al poder en el gobierno chino de Xi Jinping en marzo de 2012 y a la presidencia del PC en noviembre 2012, supuso, al menos formalmente, un compromiso de las autoridades en la lucha contra la corrupción de los funcionarios y altos cargos de la Administración. La verdad, sin embargo, es que si tenemos en cuenta que probablemente solo se divulgue lo que interesa o es conveniente, la realidad de la corrupción debe ser de incalculables proporciones. Ni hay libertad de prensa, ni hay pluralismo, ni hay libertades ciudadanas. 
En noviembre de 2015 la prensa oficial comunicó el cese por corrupción de dos altos cargos del partido comunista chino. En efecto, Lu Xiwen, dirigente del partido en Pekin y Ai Bijun, Vicealcalde de Shangai, ambos encargados de la zona experimental de libre comercio, fueron destituidos destituidos tras la acusación efectuada por el mismo partido comunista de ser sospechosos de “graves violaciones de disciplina” sin que se conozcan más detalles.
Ahora, marzo de 2016, la Fiscalía Popular Suprema del régimen informa de que durante el año pasado se abrieron investigaciones a 54.249 funcionarios por su implicación en 40.834 casos de corrupción. En total, según dicho informe, se ha castigado por aceptar sobornos a 13.000 funcionarios y a 8.200 por ofrecerlos. Sin embargo, en 2014 se procesó a 55.101 funcionarios por 41.487 supuestos de corrupción.
En fin, estos fríos datos ponen de manifiesto  una parte de la corrupción real del régimen político chino, que para conocerse en su totalidad habría que aplicar un notable coeficiente de multiplicación puesto que al existir una densa capa de oscuridad en estas cuestiones, la realidad será mucho más inquietante. 
Mientras no existan libertades reales, mientras no haya independencia judicial ni libertad de prensa, los procesos por corrupción seguirán siendo en muchos casos ajustes de cuentas internos entre facciones del partido, laminaciones, ajustes de cuentas, o destierros a quienes no son bien vistos por los máximos mandatarios del gigante asiático. 
Mientras tanto, los datos oficiales de un sistema como el chino, aun siendo maquillados, demuestran nuevamente, para quien todavía alimente esperanza en estos sistemas, que las dictaduras generan grandes bolsas de corrupción. Sí, inmensas bolsas de corrupción.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de 
Derecho Administrativo. jra@udc.es 
 

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