Dineros prestados

a Administración central es hoy el principal acreedor o prestamista de las comunidades autónomas. Y no se trata de cantidades menores: casi 180.000 millones de euros, descontando ya las amortizaciones de principal satisfechas hasta finales del año pasado; algo así como el  15 por ciento del PIB nacional. El  coste directo por ella asumido en esta labor de rescate financiero se elevaría a los 16.000 millones. 
Son estimaciones que sobre los llamados mecanismos adicionales de financiación y en base a informes publicados por el Ministerio de Hacienda acaba de hacer para Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada),  uno de los mayores expertos en la materia, el profesor Ángel de la Fuente. 
La distribución territorial ha resultado muy desigual. Cataluña y Valencia han sido las más beneficiadas, de forma que en números redondos la Generalidad catalana debe a la Hacienda central 58.000 millones de euros y la valenciana, casi 39.000. Entre ambas, más de la mitad del total autonómico. 
Si a ello se suma lo que Andalucía y Castilla-La Mancha  adeudan (21 por ciento del total), resultaría que tres cuartas partes del dinero y del coste del rescate se centraría en una cuarta parte de los Gobiernos regionales. 
Galicia, por su parte, es una de las pocas comunidades que durante algunos ejercicios no echó mano de los mecanismos adicionales públicos de financiación. No lo hizo con anterioridad a la crisis, y sí a partir de 2015. Como comunidad cumplidora que es, vía Fondo de Facilidad Financiera (FFF) recibirá en este cuarto trimestre 21,21  millones de euros.
Comentando todas estas cifras, el catedrático y director del Grupo de investigación económica GEN de la Universidad de Vigo, Santiago Lago Peñas, ha escrito que tales rescates suponen algo extraordinario que toca normalizar lo antes posible. A su juicio, deforman el sistema de financiación autonómica e introducen incentivos perversos en las decisiones de los Gobiernos autonómicos.
Habría que terminar con ellos –concluye- de forma ordenada y escalonada sin generar sensación de agravios comparativos. Entiende que las comunidades autónomas no deberían seguir aumentando años tras año su saldo deudor y, en todo caso, que deberían financiarse íntegramente en los mercados. Mucho me temo que predique en el desierto.
Como el presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, es quien más se queja de infrafinanciación, cada vez que en estas vísperas electorales Pedro Sánchez viaja a aquellas tierras – y no son pocas- promete solemnemente poner al día el viejo y vigente modelo  ordinario de financiación de las comunidades de régimen común, que data de finales de 2009 y que ya debería haberse revisado hace tiempo. 
Pero son tantas y sobre todo tan diversas las necesidades de tan diferentes comunidades autónomas, que encajar todas las aspiraciones supone un complejo y poco menos que irresoluble sodoku. Por mucho empeño que se ponga, no poca voluntad política, tiempo y esfuerzo  llevará la reforma.