ni la salida de España de Juan Carlos I, ni la tradicional sequía informativa que aparejaban los veranos antes de la pandemia ha conseguido establecer el pretendido cortafuegos ideado para frenar el escándalo que rodea al rey emérito. La historia sigue en los medios dentro y fuera del país.
Corinna Larsen, la empresaria alemana investigada por un fiscal del cantón suizo de Ginebra y por la Fiscalía del Supremo en España por presuntos delitos financieros, sigue siendo fuente de renovadas intoxicaciones. Hace unos días tuvo ocasión de verter su despecho en la BBC.
El resumen de su intervención fue una mezcla de intoxicación y venganza envuelta en lo que parece un alegato diseñado por su abogado defensor, el mismo que hace unos meses amenazaba por carta a La Zarzuela. La credibilidad de esta ciudadana es nula, pero el daño que sigue haciendo es grande.
Entre otras razones porque, a la vista de cómo se están desarrollando los acontecimientos, parece claro que al no ir acompañada de otras medidas tales como la regularización ante la Hacienda española de los fondos obtenidos con las presuntas comisiones cobradas por la mediación en la construcción del AVE de Medina a La Meca, la salida del Rey emérito no ha servido para capear el temporal informativo.
Estamos ante hechos desafortunados que nunca debieron suceder. En términos éticos y estéticos no tienen un pase. Pero otra cosa es el intento por parte de Podemos y de los partidos separatistas para cargar contra la Monarquía parlamentaria. O lo que es lo mismo, cargar contra la Constitución de la que esta institución es piedra angular, como señalaba con acierto el manifiesto de apoyo al rey emérito firmado por varias decenas de ex ministros y altos cargos de los diferentes gobiernos y administraciones autonómicas que han gobernado España en los últimos cuarenta años. En este asunto, nada es inocente.