El pasado once de septiembre se celebró la Diada de Cataluña que conmemora el sitio de Barcelona durante la Guerra de Sucesión Española. Este es el quinto año consecutivo que la Asamblea Nacional Catalana convoca manifestaciones de independencia a la que acuden multitud de catalanes. Por primera vez participó el Presidente de la Generalitat y, otra ocasión más, es protagonista la ausencia de diálogo entre los gobiernos catalán y español. Quizás sea bueno analizar los antecedentes de la situación actual. Recordemos que después de una difícil tramitación política y jurídica iniciada en 2004 en el Parlamento catalán y el Congreso de los Diputados, en el año 2006 la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña fue aprobado  en referéndum por una amplia mayoría de catalanes. Luego, el Partido Popular de Mariano Rajoy lo recurrió al Tribunal Constitucional y, a vista de la sentencia, se convoca para el 10 de julio de 2010 una manifestación apoyada por todos los partidos representados en el Parlamento de Cataluña (excepto PP y C’s), los agentes sociales y la presencia de los ex presidentes de la Generalitat, seguida por más de un millón de personas De eses polvos, estos lodos. No se puede seguir mirando para otro lado y no atajar un problema que tiene influencia en la convivencia de todo el país. No olvidemos que fueron modificados otros Estatutos, que el caducado sistema de financiación autonómica se parchea con actuaciones que aumentan el déficit, a la vez que crece la dificultad de los gobiernos territoriales para cumplir sus funciones. Es decir, un problema inicialmente catalán se extiende a todas las Autonomías y hay que resolverlo.  Fiel a su estilo, Mariano Rajoy escurre el bulto usando la coartada catalana para tratar de pudrir un problema de convivencia y de garantía de servicios públicos que obviamente no desaparecerá sin afrontarlo. Por eso, ante la gravedad de la situación, las Comunidades Autónomas están forzando al ministro de Hacienda en funciones a la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para paliar sus problema inmediatos de financiación y gasto en el año 2017. Una vez más, se hace necesario reclamar que se normalice el funcionamiento institucional de España para acometer este grave problema de convivencia que, tarde o temprano, se resolverá con una reforma constitucional que votaremos todos los españoles.