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La contumacia con la que la Generalitat se ha empeñado en poner en la calle a Oriol Pujol, que sale de la prisión de Cans Brians para acudir a su trabajo, es un aviso a Instituciones Penitenciarias sobre el destino de los condenados por el “procés”.

En caso de que el Supremo les condene por rebelión o sedición, lo lógico, como en el caso de cualquier otro penado, es que se cumpla la condena cerca de su domicilio y familia. Así lo recordó mismo la consellera de Justicia de la Generalitat, poniéndose la venda antes de la herida, ante la rebelión de los fiscales catalanes por el trato de favor dado al hijo de Pujol, gracias a su apellido.

La presidenta de la Asociación de Fiscales de Cataluña ha denunciado que el artículo 100.2, que se aplica al hijo de Jordi Pujol para permitirle pasar el día fuera de la prisión, tiene carácter excepcional, con intención de tratamiento, y que, en este caso solo se justifica por el hecho de ser quién es. Razón por la que van a recurrir la medida.

Ante estos hechos, cabe imaginar la utilización por parte del independentismo, tanto de ERC como de Junts per Cat, del cumplimiento de las penas de Junqueras, Rull, Turull o Jordi Sánchez. Si ya su paso como preventivos por las carceles catalanas convirtió estos centros en lugares de peregrinación, las peticiones de indulto y de cambio de régimen carcelario se convertirían en el movimiento aglutinador de un independentismo que necesita movilizar a los suyos.

El relato, que ha perdido fuelle tras las sentencias europeas del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y las continuas performances de Puigdemont desde Waterloo, necesita estímulos y los presos pueden ser una nueva campaña contra el “Estado opresor”.

Por tanto, una decisión que no debería plantear ningún problema, suscita dudas que obligarán a Instituciones Penitenciarias a cuestionarse la medida. El precio a pagar será, sin duda, la campaña de acusaciones de trato discriminatorio y de aplicarles el mismo castigo que a los presos de ETA, dispersos por toda la geografía española. Pero lo contrario podría poner en jaque a los fiscales catalanes, obligados a la tarea del permanente recurso ante beneficios no justificados más que por motivos políticos.

Todo esto, en el caso de que Marchena y sus colegas desestimen las peticiones de absolución de las defensas. 

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