Escuché decir a un anciano residente en un centro de mayores que el día más triste y amargo de su vida se produjo cuando, por imperativo de la soledad, tuvo que cerrar la puerta de su casa y abandonar la vivienda habitual que compartiera con su familia.
Si esta situación “voluntaria” llena de tristeza y amargura en la recta final de la existencia, es fácil imaginar el drama que representa tener que dejar la vivienda “por imperativo legal” en plena juventud o madurez al no poder hacer frente a la cuota de la hipoteca o a la mensualidad del alquiler por una situación sobrevenida de derrumbe de la economía doméstica.
Los desahucios son una de las caras más cruel y amarga de la crisis y son la cara más inhumana de un modelo económico que parece no tener entrañas y se muestra muy poco flexible a la hora de ofrecer alternativas de solución a los deudores.
Apuntado esto, hay que decir también que los desahucios se producen porque lo permite la legislación vigente. Por tanto, modifíquese la ley, búsquense soluciones viables y realistas, desde moratorias en el pago, reestructuración de la deuda, su cancelación a cambio de la entrega de la vivienda –la dación en pago–… para ayudar a quienes están en riesgo de ser expulsados. En esa ayuda encaja habilitar pisos vacíos del banco malo para realojar a los desahuciados y otras medidas que “humanicen” el sistema y a la banca –el acuerdo Abanca-Xunta es un buen ejemplo– para evitar desalojos de familias.
Pero intentar parar los desahucios a la brava con propuestas radicales, muy efectistas como “santo y seña” del nuevo tiempo político, además de ser ilegal, es “quemar” el mercado hipotecario que permitió a millones de familias modestas acceder a la propiedad de la vivienda, y es destruir el mercado de alquiler, vital para los jóvenes que empiezan su vida laboral. ¿En qué condiciones va a formalizar una hipoteca un banco o quién va a meter en su piso a un inquilino del que no podrá “desprenderse” cuando no atienda las obligaciones de pago?  
Es de justicia proteger a las personas afectadas por esta situación. Pero hay que conjugar los derechos e intereses de las familias hipotecadas y de los inquilinos con los derechos e intereses de los bancos que prestan y de los particulares que alquilan. Estos también tienen sus derechos porque seguro que muchos compraron el inmueble con gran sacrificio pensando obtener unos ingresos complementarios para vivir algo mejor.