Enemigos del régimen

el viernes 25 de mayo la portavoz parlamentaria socialista, Margarita Robles, tenía previsto depositar en el registro del Congreso una iniciativa destinada a regular la obligación de incluir la declaración de lealtad constitucional en las tomas de posesión de los cargos públicos. Ocho días antes, presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, había eludido ese formalismo. Se limitó a expresar “fidelidad a la voluntad del pueblo de Cataluña representada en el Parlament”. La misma formula utilizada por su antecesor, Carles Puigdemont. Y la que el sábado utilizaron los nuevos consejeros del Govern. En un inesperado giro de la política nacional, que se ha vuelto tornadiza e imprevisible, la visita de Robles al registro de la Cámara ya no fue para presentar la iniciativa que pretendía imponer la obligación legal de jurar o prometer acatamiento a la Constitución en ese tipo de actos. La visita fue para registrar una moción de censura del PSOE contra el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
El desenlace de la moción está en la mente de todos. Pero la otra iniciativa, la que pretendía garantizar el respeto a nuestra Carta Magna, sin que supusiera adhesión ideológica u obligación de compartir su contenido, ha sido guardada en un cajón a la espera de mejores tiempos para desempolvarla. El comentarista recuerda este episodio por si sirve de algo a la hora de medir las secuelas de la reciente confluencia del PSOE con las fuerzas independentistas en el objetivo de acabar con Rajoy y el Gobierno del PP. Es un ejemplo de la lógica que subyace en quienes hemos detectado más dudas que certezas en el proyecto político que se dispone a pilotar Pedro Sánchez tras el éxito de la moción de censura.
Dicho sea lo anterior en relación con los diecisiete diputados embarcados en la declaración de guerra al Estado (política, se entiende) que sus respectivos partidos (ERC y PDeCAT) tienen formulada a través de la proclamada república independiente de Cataluña (27 octubre 2017). Pero también es una fuente de dudas el carácter populista del otro pilar parlamentario del nuevo Gobierno. Me refiero al partido liderado por Pablo Manuel Iglesias. Tanto populistas españoles como nacionalistas catalanes son enemigos declarados del democrático régimen de 1978. El “abominable” régimen, según los compañeros de viaje de su séptimo presidente del Gobierno. El fin de semana fue de quinielas sobre ministrables. Pero más tóxico es el quinielismo sobre el precio a pagar por la fumata blanca del candidato socialista ya instalado en la Moncloa.