Ferrol ha hablado en las urnas; y punto. Los demócratas deben reconocer siempre los resultados y felicitar a aquellos candidatos, que más allá de la simple aritmética, tienen posibilidades reales para obtener el sillón de la Alcaldía. Por ello, y desde estas líneas quiero felicitar a Jorge Suárez y a la gente de “Ferrol en Común”. Dicho esto, no me quiero olvidar de José Manuel Rey, al cual felicito por el trabajo realizado estos cuatro años. Me da la sensación que más pronto que tarde, los ferrolanos le echarán de menos. Pero en todo caso, ahora toca mirar al futuro. En los próximos días se celebrará el pleno constitutivo de un nuevo mandato corporativo y los 25 concejales elegirán nuevo alcalde. Y he dicho bien, porque con la legislación vigente en la mano, los ciudadanos no elegimos alcaldes, sino únicamente concejales, los cuales posteriormente, y con su voto, eligen a su vez al alcalde. Esto significa que es legal y legítimo en términos democráticos, que la persona que ha obtenido 6 concejales pueda ocupar la alcaldía en vez del que ha obtenido 11. Esto es así, y el sr. Rajoy ha tenido cuatro años en el Parlamento nacional para cambiar la Ley Orgánica Electoral, ex artículo 81 CE y no lo ha hecho. Luego, ahora toca apechugar con las consecuencias. Dicho esto, las cinco formaciones de izquierda tienen ahora la obligación moral y democrática de pactar un programa de mínimos que permita, no sólo la investidura de Jorge Suárez como alcalde, sino la configuración de un verdadero gobierno quintapartito con un reparto proporcional de las delegaciones de la Alcaldía. Es decir, no basta con votar a favor de Jorge Suárez en el pleno de investidura y reservarse la entrada en el futuro gobierno. Esta conducta sería legal pero tendría una difícil justificación democrática. No basta con votar a otro para que el PP no gobierne; sino que una conducta honesta y plenamente democrática obliga a tomar la decisión de la entrada misma en el gobierno. Manifestarse y reventar plenos es muy fácil; crear plataformas del “non a todo” también. Pero gobernar desde la responsabilidad y ostentar  la delegación de Hacienda y Patrimonio (cobrar y elevar los impuestos) o la delegación de tráfico y policía (imponer multas y regular el orden en las calles), también es parte del pacto.