No se esperaba un millón, pero sí algo más. La manifestación del domingo en Madrid, no hará que Pedro Sánchez cambie de rumbo. Ni convocará elecciones “cuanto antes”, ni dejará de mantener contacto con los separatistas catalanes. A Sánchez le ha hecho mucho más daño el vídeo de Felipe González que la puesta en escena del rechazo de la oposición a sus contactos con los independentistas. Los compañeros de viaje de quienes intentaron dar un golpe al Estado en 2017 proclamando la República catalana con la pretensión de conseguir a la “desconexión con España”, tienen a Sánchez cogido por el lado de la aritmética parlamentaria.
Fueron decisivos en la votación que permitió prosperar la moción de censura y para seguir dónde está les sigue necesitando para aprobar el proyecto de Presupuestos que empieza a debatirse esta semana. Por eso le han puesto precio a sus votos. Pretenden que los fiscales cambien el signo de la acusación. Un precio que con arreglo al marco legal, ningún presidente de Gobierno podría satisfacer sin saltarse la ley. Sí incurrieron en rebelión, en sedición y malversación de caudales públicos ¡pelillos a la mar! y absolución. Es la pretensión de quienes desde el separatismo  proclaman que la situación reclama más política y menos Código Penal. 
Afortunadamente, frente a la frivolidad política del tándem Sánchez-Calvo, se levanta como baluarte la separación de poderes que protege y tutela la independencia e imparcialidad de los jueces. Y más que nunca ahora frente a la amenaza e intimidación de los secuaces callejeros del procés. Vista la respuesta obtenida por la llamada de Casado, Rivera y Abascal a manifestarse, barrunto que las cosas van a seguir como están hasta conocer el resultado de las elecciones de mayo. Hasta entonces Sánchez tiene en su mano un comodín: el silencio público de los diputados del PSOE. Callan pero tiemblan ante la factura que podría pagar el partido a cuenta de la deriva a la que les empuja el Gobierno. Pero Sánchez va a seguir. En España no se dan las revueltas parlamentarias.