Un desafío al Estado de Derecho

El independentismo catalán sabe que tiene la batalla perdida a medio plazo, pero antes que reconocerlo y emprender una nueva vía democrática, está dispuesto a llevar al límite constitucional al Estado, a las masas que apoyan el independentismo hasta la frontera con la desobediencia civil e, incluso, a la violencia, y a toda Cataluña a una catástrofe mayúscula causada por una ingobernabilidad que dura años y por la carencia de objetivos y proyectos para el interés general de los ciudadanos. Los graves incidentes de la semana pasada han dañado tanto la imagen de Cataluña que será difícil recuperar el crédito que, hasta ahora, y a pesar de los errores de sus gobernantes, seguía teniendo entre los inversores y los visitantes.

Pero, a pesar de eso, los dirigentes de menos de la mitad de los catalanes –porque los independentistas que gobiernan Cataluña desde Bélgica o desde la sede de la Generalitat y de su Parlament han renunciado definitivamente a gobernar para todos los catalanes– solo quieren hacerlo para los suyos y al precio que sea. No hay ninguna diferencia entre JxC, ERC y la CUP. No hay ninguna diferencia entre Puigdemont, Torra y Junqueras. No hay duros y blandos. No hay partidarios de la ruptura o de la negociación. Unos y otros se están situando reiteradamente fuera de la Constitución, de la legalidad y de la democracia. El último episodio es la presentación en el Parlament catalán de una propuesta de resolución para reafirmarse en la autodeterminación, que reiterarán “cuantas veces sea necesario”, desoyendo las resoluciones del Tribunal Constitucional, la sentencia del Tribunal Supremo –que rechazan– y de los propios letrados de esa cámara. Y todo ello con el añadido de la declaración de Oriol Junqueras, la última esperanza de algunos ilusos, de que se metan el indulto por donde les quepa, afirmación que revela su voluntad de reconocer los errores y buscar una salida a la crisis que más daño está causando a Cataluña en toda la historia de la democracia. Junqueras insiste en que les han juzgado por poner urnas para que la gente votara... Y muchos les compran la mentira repetida incansablemente. Lo más preocupante es lo que sucede en el otro lado, en el de los que defienden la Constitución, la legalidad y la democracia. Desunidos, con mensajes opuestos, con enfrentamientos suicidas están dando cancha a los independentistas. Casado niega un posible pacto postelectoral “porque entonces la oposición serían Podemos y Vox”, como si 250 o 270 votos –y más que los votos, las ideas y las propuestas, los proyectos de PSOE, PP y CS– no pudieran ganar a los setenta- ochenta de Podemos, Vox y los independentistas. El PSOE tampoco quiere el pacto, solo que le dejen gobernar aunque solo tenga una minoría insuficiente y con declaraciones como las de Iceta aplaudiendo la posibilidad de liberar cuanto antes a los políticos presos, alimentando así un fraude de ley. Y Ciudadanos opta por aplicar el artículo 155 ya, sin proponer nada más para solucionar el problema.

No hay más solución que el gran pacto y en él deberían estar trabajando en silencio los dos o tres partidos constitucionalistas. Para hacer frente al desafío independentista, para volver a impulsar a la Cataluña innovadora y europea y para solucionar los otros grandes retos a los que nos enfrentamos. Lo demás es perder el tiempo y apostar por la derrota. 

Un desafío al Estado de Derecho

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