Hace unos meses saltó una noticia que pasó desapercibida, casi como una brisa suave de verano y a la que no se prestó la atención que se merecía. Anticorrupción acusaba a Iberdrola, de inflar los precios y, con ello, sumar a sus cuentas más de 20 millones, ordenando la Audiencia Nacional registrar las sedes de la eléctrica en la procura de pruebas por si esta había manipulado los precios de la electricidad entre finales de noviembre y diciembre de 2013. La noticia llega con retraso, debido a que la justicia anda lenta, pero es inexorable en su trabajo, lo que falta por averiguar es si el resto de las empresas eléctricas están envueltas desde aquella fecha hasta la actualidad en esta movida opaca, cosa que tendrá también que ser investigada para evitar la duda. De momento le tocó el turno a Iberdrola, pero veremos lo que sale de este turbio asunto.
Después de admitirse a trámite la denuncia, y ante la recopilación por parte de la Comisión Nacional de la Competencia de pruebas correspondientes a 2014 y 2015, cuando se efectuó la investigación que llevó a proponer una multa de 25 millones a la propia eléctrica, dio por probado el regulador que Iberdrola manipuló el precio de la energía. Llegó a ofrecer un precio muy elevado por la energía generada en sus centrales hidráulicas de los ríos Sil, Duero y Tajo, según sus alegaciones, debido a que sus reservas eran muy bajas, lo que obligó a dejarla fuera de las operaciones de mercado en el periodo señalado y obligando a incorporar energía de otras tecnologías, como la de los ciclos combinados para dar salida a la demanda, lo que encareció el precio final del mercado de la energía.
Iberdrola, pese a quedar sin aquellos ingresos, los logró vía resultados con la venta de la electricidad de sus redes de gas, en el transcurso de las tres semanas de operaciones de venta de su producción eléctrica, según parece, con la finalidad de lucrarse ilícitamente al poner en marcha un sistema de incremento de la energía más allá del que debería resultar de la libre competencia de oferta y demanda. Dando como consecuencia del ardid, la subida del precio de la electricidad en unos siete euros por megavatio, que, aplicados a la energía vendida, supuso el beneficio antes señalado.
Esto puede ser un delito contra el mercado y el consumidor, castigado en el artículo 218 del Código Penal, que dice; “El que detrajese del mercado materias primas o productos de primera necesidad, con intención de desabastecer un sector, de forzar una alteración de precios... será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa de 12 a 24 meses”. Por tanto, aquella decisión influyó en la subasta para determinar el coste de la electricidad del 18 de diciembre y obligó a encarecer la factura de la luz un 11%, lo que llevó al ministro de Industria a anular las subastas eléctricas. Siendo desde entonces el propio mercado, posiblemente manipulado, el que fija el precio del recibo de los consumidores.
Pese a todos los indicios, Iberdrola niega que haya manipulado nada, ya que nunca tuvo intención de alterar el precio de la luz. Lo que tendrá que determinarlo el juez, pero el caso es de suma gravedad.