Ética y gobernabilidad local

Una de las manifestaciones de la presencia de la ética en los gobiernos locales es que la elaboración, aplicación y evaluación de las distintas políticas se realicen, en el marco de la juridicidad, al servicio de los vecinos, de la mejora de sus condiciones de vida. En otras palabras, la existencia digna de todos los vecinos y la efectividad de su libre y solidario desarrollo como personas, constituyen la base de cualquier política local que se precie de serlo. Para ello, como es lógico, es fundamental, escuchar a los vecinos, facilitar su participación real y, sobre todo, darles la información y la atención que les permita considerarse, no meros destinatarios pasivos de bienes y servicios públicos, sino activos protagonistas de la vida local.
Sin embargo, la pretensión de organizar la vida municipal desde arriba, desde las tecnoestructuras, sean políticas, financieras o mediáticas, anula y elimina cualquier atisbo de vida democrática fecunda y real. Justamente es la libertad y la participación, un mayor grado de libertad y de participación, lo que podemos considerar finalidad última de la acción política, y consecuentemente la tarea política, con todo lo que tenga de proyecto y de aportación de soluciones, especialmente en el ámbito local,  debe entenderse ante todo como un apoyo a las iniciativas sociales.
En este sentido, hay que señalar que la relación entre ética y política constituye  un problema tan profundo como la conciliación de aquellas dos dimensiones –la individual y la social– del ser humano. Posiblemente sólo en la vida, en la aplicación práctica que realiza el ser humano justo –la persona en su plenitud moral– se ve esa conciliación de lo aparentemente opuesto o paradójico. Igualmente la conciliación de ética y política tiene su plenitud no en una teoría sino en la praxis del político honrado, digamos del buen político, para incluir también los calificativos de eficaz y listo, porque un político honrado pero inoperante o tonto no nos serviría de referencia.