Ala vista de las declaraciones del comisario Eugenio Pino sobre el origen del pen drive con datos comprometedores sobre los Pujol, que fueron desveladas por la cadena SER, aumenta la sospecha de que la policía patriótica no era más que una mafia.
La famosa comisión de investigación parlamentaria sobre la gestión de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior, duerme el sueño de los justos. Es muy posible que con las maniobras dilatorias del PP que no quiere, lógicamente, remover un pasado vergonzoso “no haya tiempo en esta legislatura” para averiguar a qué se dedicaba esta sospechosa unidad policial que puso micrófonos incluso en el despacho del ministro.
Dados los informes que elaboraron sus miembros, parece que su principal actividad era el espionaje de líderes de partidos nacionalistas catalanes o de otras formaciones incomodas al gobierno. Pero no se conformaban con elaborar un dossier; en algunos casos, como el del ex alcalde de Barcelona, Trias, se inventaron la existencia de una cuenta en Suiza.
La comparecencia de Pino fue tan vergonzosa que el juez De la Mata y la fiscal, llevados por la indignación ante la imprecisión de sus repuestas, acabaron a gritos con el compareciente. No solamente dijo ignorar quien le había entregado el famoso pen drive con las pruebas de cargo contra los Pujol sino que, además, no recordaba ni el día ni la hora.
Curiosamente, hace unas fechas, la policía ha encontrado, “limpiando unos cajones”, un segundo pen drive con más datos sobre las cuentas de la familia del ex presidente de la Generalitat, del que tampoco se sabe ni su origen ni sus autores.
Esta investigación policial, chapucera y sin fundamento jurídico, puede llevar a la anulación de las pruebas en la instrucción del proceso contra Jordi Pujol y toda su familia. La ruptura de la cadena de custodia es causa de nulidad y nadie sabe quien custodiaba los sospechosos pen drive que aparecen en cajones y que no se aportaron a la causa cuando esta se abrió en La Audiencia Nacional en 2013.
Al margen del descredito de la UDEF, se puede echar por tierra toda la labor de investigación de la Agencia Tributaria que, esta misma semana, ha comunicado a la Audiencia los datos que probarían que el hijo pequeño, Oleguer Pujol, no declaró al fisco los casi tres millones de euros que cobró en las Islas Vírgenes británicas por el mayor pelotazo inmobiliario en la compra de mil ciento cincuenta y dos oficinas del Banco de Santander.
Si la ciudadanía está harta de corrupción, si se exige que la Justicia depure los casos en los que, aprovechándose de su cargo político, se han enriquecido con fondos públicos, ¿cómo se justifica que una mafia policial se pueda cargar la instrucción de una causa al aportar pruebas falsas?
Es extremadamente urgente que, no solo una comisión parlamentaria haga desfilar al ex ministro y sus policías, además Interior debe abrir una investigación interna sobre estas sospechosas unidades policiales. No necesitamos este tipo de patriotas en el Ministerio de Interior.