En España, tras la reciente votación parlamentaria, el suicidio asistido estará amparado normativamente. Una técnica que plantea que las personas con enfermedades terminales que lo deseen puedan dejar este mundo con el concurso de personal “especializado”. Las “razones”: que la voluntad propia debe ser determinante para decidir el momento y la forma de la muerte y que mucha gente llega al final de sus días “cansada” de vivir en muy malas condiciones y hay que procurar satisfacer, si es el caso, su decisión de abandonar este mundo cuando se disponga sin más trámite la administración del fármaco fatal.

Estos argumentos adolecen de un grave problema: que existe una ciencia llamada medicina que puede, y debe, ayudar a paliar el dolor, a curar las depresiones y a ayudar a vivir incluso con serias y graves dificultades o limitaciones físicas o psíquicas. Además, disponer de la muerte autónomamente es contradictorio en sí mismo. ¿Por qué si nadie nos ha consultado acerca de si queríamos venir a este mundo o en qué momento, en virtud de que “autónoma” voluntad podemos decidir acerca de nuestra muerte?.

Pues bien, mientras que en Holanda determinados colectivos abogan por el suicidio asistido, en Inglaterra encontramos colectivos que cuestionan esta peculiar “práctica”. Efectivamente, un grupo de discapacitados británicos lanzaron hace unos años una campaña contra la legalización del suicidio asistido, de la eutanasia. En concreto, estas personas solicitaron al Parlamento que se oponga a estas leyes y que se mantengan los gastos sociales que les ayudan a superar las limitaciones con las que conviven.

Reclamaron que se reconozca que los discapacitados y los enfermos terminales tienen derecho a la misma protección legal que cualquier persona, que la sanidad y los servicios sociales les apoyen. Este grupo, que se llama Not Dead –todavía vivos-, advirtió, no sin razón, que el sentir mayoritario de los discapacitados y las personas que sufren es a favor de la vida. Son excepción, dicen, los discapacitados que quieran morir.

El gran problema es que en tiempos de crisis se restrinjan los gastos sociales a los discapacitados y a estos colectivos de personas que requieren cuidados especiales para seguir viviendo. Los poderes públicos no pueden abandonar a estas personas mientras las grandes fortunas disfrutan de tratamientos fiscales privilegiados. Los poderes públicos están obligados a ayudar a los más débiles y desfavorecidos. La tentación, sin embargo, de aprobar leyes de eutanasia y de suicidio a través de una propaganda a favor de una “muerte digna” es una manera de ahorrar gasto público.

Algunas preguntas, ¿por qué seguimos en el vagón de cola de los países europeos en los cuidados paliativos, por qué no procuramos aliviar más el dolor de estos enfermos a través de las mejores técnicas  y les preparamos dignamente para la muerte en lugar de provocársela directamente?

Para terminar, ¿serán capaces, quienes patrocinan estas legislaciones, de someterlas a referéndum?. ¿Cómo es posible que tras lo que hemos visto en la pandemia se promueva una iniciativa de estas características?