Nasrin Sotoudeh es una relevante abogada iraní de 56 años que ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos de militantes feministas, niños maltratados, menores amenazados por sentencias de muerte, periodistas independientes o mujeres que se oponen a las leyes sobre el hiyab. Entre sus defendidos está la premio Nobel Shirin Ebadi, que tuvo que abandonar su país y que vive en el exilio porque no la dejan volver.

Nasrin Sotoudeh sabe lo que es la cárcel, la separación de su marido y de sus hijos, porque en 2010 fue detenida, encarcelada y recluida en régimen de aislamiento bajo acusaciones de propaganda contra el Estado y conspiración contra la seguridad nacional. Fue maltratada y se mantuvo en huelga de hambre durante un mes. Tres años después fue puesta en libertad. Libertad temporal, con la prohibición de ejercer su profesión, controlada y vigilada. Y en 2018 volvió a ser detenida, acusada de difusión de propaganda, desacato al “líder supremo” de la revolución, Alía Jamenei. Siempre me han producido una sensación de miedo esas referencias a líderes supremos, santones y “padres de la patria” que esconden dolor, abusos y poder absoluto sin necesidad de rendir cuentas. También la acusaron de “ser miembro de una organización de derechos humanos (sic)” y de avivar “la corrupción y la prostitución”, seguramente por defender la libertad de las mujeres de usar o no el yihab. Era solo el anuncio de lo que se ha producido ahora. Una condena, según su familia, a 38 años de prisión... y a 148 latigazos por poner en peligro la seguridad del país e insultar al citado Alí Jamenei.

Sotoudeh tiene, entre otros, los Premios Sajarov, PEN y Derechos Humanos de la Abogacía Española, pero no los pudo recoger porque no la dejaron salir de su país. Está encerrada, de nuevo ilegítimamente, junto con miles de ciudadanos inocentes. Si los 38 años de condena son la peor demostración de una dictadura que no permite ni la disidencia ni el ejercicio de los derechos legítimos, cada uno de esos latigazos deberíamos sentirlos en nuestras espaldas. También se lo están dando a todas las mujeres que ha defendido y a las que los gobernantes iraníes les niegan derechos fundamentales. A las víctimas de malos tratos en Irán que son obligadas a compartir domicilio con sus maltratadores. A cada periodista iraní por el que ha peleado en defensa de la libertad y la democracia. A los niños iraníes amenazados por sentencias de muerte, en un país que practicó más de 500 ejecuciones en 2017.

Nasrin ha sido condenada, en juicios sin garantías procesales y sin poder ejercer su defensa, por un Poder Judicial ilegal designado y sometido al poder político. Ha sido condenada solo porque defiende los derechos fundamentales. Ella sí, es una presa política, una presa de conciencia. El silencio de los Gobiernos de la Unión Europea, de las organizaciones internacionales, de las organizaciones progresistas de mujeres, de los órganos internacionales de abogados, de los defensores de los derechos humanos es otro latigazo, tal vez más duro, que sumar a los 148 que caerán sobre sus espaldas. Hay que liberar a Nasrin antes de que sea demasiado tarde. Hay que obligar al Gobierno de Irán a que rectifique. Por nuestra propia dignidad.