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Mientras el gobierno de España entregaba a Bruselas un cambio de Plan Presupuestario, más social, sin arriesgar compromisos comunitarios, la Xunta de Galicia presentaba el anteproyecto de presupuestos 2019 anunciando una reducción impositiva de 34 millones de euros en base a beneficios fiscales en impuestos cedidos y un refuerzo del gasto social.
A primera vista, sorprende que, sin un nuevo sistema de financiación autonómica para mejorar las arcas públicas gallegas, pretendan reducir sus ingresos, aunque solo sean 34 millones. No me pregunto a quién beneficiará, sino a quién perjudicará. Con certeza serán las dos caras humanas de la Administración Gallega, los empleados públicos y los ciudadanos que se benefician de sus trabajos.
Por otra parte, si las autonomías tienen encomendadas funciones de redistribución de la renta y la riqueza, es lógico que su mayor dedicación sea facilitar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos sociales. Basten unas cifras para constatar tal afirmación: sanidad, educación y política social absorben 7.110 millones de los 9.850 presupuestados, el 72,18%.
Entonces, cómo pretenden actuar con esas tres cuartas partes del presupuesto de gastos.
Si hablamos de los 3.987 millones de sanidad para 2019, cómo van abordar la carencia crónica de profesionales y recursos físicos para hacer frente al continuo aumento de una demanda sanitaria cada vez más cronificada. El envejecimiento poblacional presiona la atención diaria en los centros de salud y, estacionalmente, las urgencias. También, cómo van solventar el crecimiento de las listas de espera. Es verdad que Galicia pierde población, pero cada vez con más alto porcentaje de mayores de 65 años, los que usan más intensivamente los dispositivos asistenciales.
Me pregunto si los 733 millones para políticas sociales sacarán a Galicia del furgón de cola de las comunidades por aportación económica, que impide a los dependientes más graves, los grados II y III, disfrutar de una atención correcta o, incluso, no recibirla al formar parte del “limbo de la dependencia”. Otro aspecto: los trabajadores gallegos del sector son de los más precarios de España.
No sé si los 2.390 de educación dejarán fueran a los menores de tres años. Los jóvenes papás y mamás que con dificultad consiguen plaza en una de las pocas escuelas infantiles públicas, deben hacer frente con sus escasas rentas a pagos de casi 200€ mensuales. Los muchos que no la consiguen, ya me dirán cómo se arreglan.
Aún habría más que aclarar. Cercanías ferroviarias, vivienda, medio ambiente, …
D. Valeriano y D. Alberto, obras son amores, que no buenas razones.

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