Otra mirada

La idea de “más Europa” está siempre en boca de los políticos españoles y europeos, desde los que representan a la derecha conservadora hasta los que venden un falso relato de izquierdas. Casi todos ellos, por no decir todos, apoyan la entrega de la soberanía nacional a los poderes financieros globales.
Es muy posible que esa visión globalizadora y disolvente de la identidad nacional que tienen en sus agendas, tenga mucho que ver con el problema político-territorial que estamos viviendo en España. Es decir, que los independentistas catalanes la tuvieran en cuenta a la hora construir su “república virtual”.
En todo caso, olvidándonos por un momento de los anteriores intentos secesionistas de Cataluña y entrando en el campo de la especulación, a lo mejor los líderes del “procés catalá” pensaron que si el objetivo final de Madrid es disolver la nación española dentro de un estado supranacional europeo, lo de una Cataluña independiente no debería ser un gran problema.
Es obvio que los partidos constitucionalistas –que curiosamente se autodefinen como “patriotas”– están acelerando la desaparición de la nación. En todo caso, entregarla a un ente supranacional, que a su vez es vasallo de los poderes financieros, no es muy patriota; es evidente que si lograran tal objetivo la unidad de España tendría escaso valor. O ninguno.
Bajo las leyes vigentes los responsables del “ex Govern” han incurrido en varios delitos. Sin embargo, aquí se nos plantea una duda ¿acaso los que promueven la disolución de la nación española, entregándola a un poder supranacional no incurren en delito? Porque vamos a estar claros, la consigna de más Europa significa liquidar por completo la soberanía nacional; diluir la nación.
Sería interesante preguntar a los políticos, a los que dicen respetar y cumplir con la actual Constitución, que si ellos creen que la idea de disolver la nación no es constitutiva de delito. Y no sería una pregunta retórica, pues ni siquiera hace falta ser un experto constitucionalista para darse cuenta de algo aquí no cuadra.
Si a los que han violado la Constitución se les imputan cargos muy graves, entonces ¿en cuáles incurrirían los que se proponen ceder la soberanía en favor de un poder extraterritorial? Seguramente los políticos del establishment nos dirían que no es lo mismo, que la UE es una cosa aparte, diferente. Aunque a decir verdad uno no atina a saber dónde puede estribar la diferencia. Porque, hipocresías aparte, una cosa es pertenecer a una asociación de países con fines económicos, incluso militares, y otra muy distinta promover un tipo de integración en la cual conlleve la desaparición completa de un estado.
Por lo tanto, esto nos lleva a la conclusión de que la secesión de una parte y la disolución del todo no son demasiado diferentes. Quizá la diferencia radica, en que la primera es ilegal y la segunda se le cubre con un manto de legalidad; digamos que está última es más sibilina, más ambigua.
De todos modos, existen bastantes similitudes en ambos casos. Hasta se parecen en los mecanismos antidemocráticos que utilizan para llevarlas a cabo.
Es obvio que la consulta catalana, además de ser ilegal, no cumplió con los mínimos requisitos para que fuera un proceso democrático, transparente y libre. Pero, paradójicamente, los que quieren “integrarnos” en el espacio supranacional europeo se saltan a la torera todas las reglas democráticas. No respetan ninguna. Ni siquiera hablan de montar una farsa de consulta para ver si los ciudadanos están de acuerdo en perder su identidad y su soberanía; es vox pópuli que hacen y deshacen sin consultarnos nada.  
Los europeístas nos hablan de que hay que ceder más poder a Bruselas para poder “vivir mejor”. Nos plantaron el árbol de una supuesta buena vida delante para que no podamos ver el bosque, mientras tanto, la soberanía del país está siendo transferida al grupo de Bruselas.
Por lo tanto, si los que claman por más Europa consiguen completar su hoja de ruta, la “sagrada” unidad territorial y el patriotismo que tanto pregonan algunos no servirá de nada. ¿O acaso sí?