Fue suficiente la intuición policial, a la vista de cómo estaban sentadas las personas que acudieron a la declaración de Cristina de Borbón en los juzgados de Palma, para detener e imputar a un letrado como presunto autor de la filmación que dio la vuelta en telediarios de medio mundo.
Así de fácil y rápido. No hubo que redactar autos de doscientos folios, ni recurrir la imputación, ni tardar meses en decidir, ni horas y horas en discutir si el letrado imputado llegaba en coche, andando o en patinete. O como diría mi amigo Chema, “al indiferente la legislación vigente”, que el letrado afectado ni es de cuna real, ni político destacado, ni se le conoce especial influencia social, así que duro con él y mientras aún no se sabe si a la Infanta se le mantendrá o no la imputación, ayer ya se hablaba de las penas que podrían llegar a imponerse al letrado supuestamente aficionado a los vídeos.
Igualdad ante la Ley, ¡ja!