Mientras los partidos políticos siguen empeñados en malgastar la oportunidad de potenciar el sistema parlamentario por las reticencias a facilitar la formación de un gobierno efectivamente controlado por el Congreso de los Diputados y que de verdad responda ante él, quizás por viejos tics presidencialistas, la vida sigue a su ritmo, diferente al de la política. Terminado agosto, aumenta el desempleo y, probablemente, seguirá creciendo hasta fin de año cuando rondará la cifra de junio como es habitual, en este caso, tres millones setecientos mil, con la afiliación a la Seguridad Social en los diecisiete millones ochocientos mil, todavía lejos de los diecinueve millones trescientos mil del comienzo de la crisis. Además, la baja calidad de los nuevos empleos, temporales y de baja remuneración, más preocupante que el ritmo de creación del mismo, unida a un desempleo juvenil espeluznante, a una tasa de cobertura de desempleo descendente desde el 75% al inicio de la crisis hasta el actual 57,66% (contributiva, 43,03%; asistencial, 56,97%) y a la reducción de servicios públicos aumentan el empobrecimiento de los trabajadores y el incremento de las desigualdades sociales.
Por otra parte, no sólo preocupa la recuperación del empleo en la industria y la difícil absorción del desempleo en la construcción sino también la influencia de las nuevas tecnologías y la globalización en el cambio de modelo económico que facilita la creación de nuevos mercados, pero desregulados y con empleos por proyectos, es decir, para necesidades puntuales de las empresas que aumentan la precariedad, especialmente en el sector servicios fruto de la economía colaborativa que hay que abordar y enfocar.
Frente a ello, la reforma laboral y fiscal, la política industrial y la merma de la actividad económica estatal no parecen haber dado los resultados buscados. Antes al contrario, no produjeron unicamente precariedad laboral y desigualdad social, también provocaron el deterioro de las finanzas públicas y del sistema de Seguridad Social.
Así las cosas, no sé a qué se espera para normalizar la situación política y así poder adoptar soluciones adecuadas a la sangría laboral, principal problema de España en el conjunto de todas sus Comunidades Autónomas sin excepción, el segunda país con mayor desempleo de Europa y, por tanto, en la cuarta economía de la zona euro. Casi nada.