Durante el anterior gobierno local, se forjó un entramado jurídico-empresarial que todavía no se ha desactivado y ofrece resistencias. 
No es ilegal, pero condiciona la actividad municipal en relación a los servicios básicos que el Concello de Ferrol presta a sus vecinos, algunos de los cuales se han vuelto inmersos en polémicas que cuestionan su idoneidad. Me refiero a la crisis de los trihalometanos vivida el pasado verano y al fraude en el funcionamiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales, cobrando a los vecinos una tasa por un servicio que no se prestaba. 
Mucha gente no lo sabe, pero la decisión que se adopte sobre los contratos firmados o por firmar, es el nudo gordiano que hay que desatar para aprobar los presupuestos, para gestionar los recursos de manera razonablemente eficiente y para que se aborden con garantías, las inversiones estratégicas que Ferrol necesita.