Pasaba por ser el mejor encauzado y el más relevante. Pero ni ese verá probablemente la luz. Me refiero al pacto educativo que se negocia en una subcomisión del Congreso. Partido Socialista y Podemos se han levantado de la mesa cuando, después de múltiples comparecencias ilustrativas a cargo de expertos, los reunidos se disponían a ir concretando los ocho grandes apartados del previsto informe de recomendaciones.
Para el PSOE el detonante de la retirada ha sido el capítulo de la financiación del sistema educativo. El segundo de los previstos. El PP había puesto sobre la mesa para empezar a hablar 5.000 millones de euros de aquí al 2025. Pero el Partido Socialista exigió casi el doble. Y rompió de momento la baraja sin siquiera, como tantas veces se hace, aparcar la discrepancia y continuar con la negociación de otras cuestiones. Podemos, por su parte, alegó que así se lo había pedido “la comunidad educativa”. ¿Cuál?
Bien se sabe que, disponiendo de un sistema educativo de nivel alto como el nuestro, a la hora de hablar de dineros importa más el cómo se van a gastar los recursos disponibles que el cuánto. Al tiempo, parece lógico dejar números y desgloses presupuestarios para el final del proceso; es decir, para cuando se hubiese concretado el modelo a proponer.
Así pues, habrá que concluir que en la retirada socialista han primado, como se ha dicho, “razones exógenas”; esto es, cuestiones ajenas al pretendido pacto educativo; esto es, cálculos políticos ante el horizonte electoral que se avecina. Veremos a ver si en la semana entrante el Partido Socialista reconsidera su actitud y vuelve a la mesa. En todo caso, no deja de ser un poco absurdo el que diga que va a concentrar ahora todos sus esfuerzos en derogar la Lomce, como si ésta no hubiera sido ya de hecho desactivada por el propio Gobierno a través de un decreto-ley de finales de 2016.
Lo grave del momento no es tanto el previsible fracaso del cacareado pacto educativo, que también, cuanto el hecho de que no se trata de un caso aislado. Suerte parecida está corriendo todo ese arsenal de pactos de Estado que pueblan el Congreso. Primero cayó el de la Justicia, del que se separó Podemos antes de que le diese la puntilla Ciudadanos. El llamado pacto de Toledo sobre pensiones ha quedado en la práctica malparado con las movilizaciones callejeras alentadas por los sindicatos de clase y Podemos. Y de los Presupuestos generales para qué hablar: sin haber escrito el Gobierno un solo número, ya tuvo encima del “no” generalizado.
Si no termina de cerrarse ni el supermodesto acuerdo sobre los altos nombramientos en RTVE, ¿qué cabe esperar de las pretendidas complejas reformas de la ley electoral, la financiación autonómica o la propia Constitución? Vanas esperanzas. En realidad sólo ha cristalizado el referido a la violencia de género.