Dicen los Fiscales que la reforma procesal que obliga a los juzgados a terminar la instrucción de las causas penales en un plazo máximo de 18 meses va suponer que en junio hayan de archivarse más de 500.000 causas penales en toda España. El Gobierno rebaja la cifra a 350.000, pero sea cual sea el número de asuntos que terminarán archivados, la aberrante norma supondrá dejar en la impunidad cientos de miles de delitos pendientes de instrucción judicial, muchos de ellos después de un trabajo ingente de las fuerzas de seguridad, jueces y fiscales. Y todo esto ¿por qué? ¿cual es la razón que motiva esa urgencia? Se diga o no, lo cierto es que todo el mundo sabe que en el fondo subyace el intento de cerrar asuntos judiciales mediáticos que afectan a políticos y sus partidos, porque está claro que del resto de causas, que toda la vida tardaron lo que tenían que tardar, nadie se preocupó jamás. Un intento descarado de consagrar la impunidad de algunos.