Que digan ¡basta!

La mayoría de los expertos no cree que el conflicto catalán se pare. Incluso dudan de que vaya a aplazarse en el tiempo con una propuesta de declaración de independencia en diferido. Es decir que Puigdemont declare la independencia, pero que sea efectiva a una semana, a seis meses o a dos años, como propugna el exconsejero de Economía de la Generalitat, Más Colell. Un exministro decía que han llegado tan lejos que es imposible no saltar al abismo y que, además, “es que se creen lo que dicen”, aunque todos, incluso ellos, saben que lo que dicen es mentira: ni Europa les va a acoger, ni tendrán el euro, ni dispondrán de crédito, ni pueden pagar las pensiones ni a los proveedores ni el Barça jugará la Liga española ni ninguna otra europea. Se puede engañar a mucha gente durante algún tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo.

En este momento es imposible abrir una negociación sobre ningún asunto. Si los independentistas quieren una mediación o una negociación, lo primero que deben hacer es renunciar a la declaración de independencia, revocar las leyes aprobadas en las últimas semanas, acatar y cumplir las decisiones del Constitucional y volver a la Constitución y al Estatuto. Sí después de todo eso, se abre una mediación/negociación, tendrá que ser sin condiciones ni imposiciones.

Luego está lo que haga el Gobierno si se produce una declaración de independencia y con qué apoyos va a contar. Rajoy puede contar con el PSOE para determinadas medidas, pero no le respaldará si aplica el 155 de la Constitución. Habría que plantearse qué pasaría si Puigdemont proclama la República y Rajoy no hace nada, la Policía y la Guardia Civil se mantienen en Cataluña, lo mismo que el delegado del Gobierno, los mossos se ven obligados a defender el orden público, Cataluña se queda sin fondos, los bancos y los comercios cierran sus puertas o se van, etc. ¿Asume la Generalitat esa posibilidad?

El Gobierno tiene sus responsabilidades y debe tomar decisiones y, en la medida de lo posible, acordadas, al menos con Ciudadanos y el PSOE. La unidad de los constitucionalistas es imprescindible y eso exige sentido de Estado. No ayuda que el PSOE plantee la reprobación de la vicepresidenta cuando lo que tenía que hacer es plantear la del presidente de la Generalitat o exigir responsabilidades a los que han planteado esta sedición, pero el Gobierno tiene, al menos, que informarles de sus medidas.

El conflicto va para largo, pero tal vez se resuelva antes por la vía económica. Cuando la burguesía catalana y sus empresarios vean que la Bolsa sigue bajando, que los bancos catalanes se llevan su sede a otra autonomía, que las empresas trasladan sus negocios a otros lugares, que los sueldos y las pensiones peligran, que el Gobierno catalán tiene crédito cero y no puede hacer frente a los pagos a proveedores, tal vez vuelva la razón a los irracionales. O tal vez entonces salgan a la calle todos los que no comulgan con esta rebelión organizad para decir ¡Basta!

Que digan ¡basta!

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