Hace tres años vino a España Rutger Bregman, un joven escritor holandés, para presentar su libro “Utopía para realistas” (Salamandra, marzo 2017) en el que, simplificando mucho, dice que el primer mundo ya alcanzó el mayor pico de bienestar y para continuar en esa línea de abundancia propone, entre otras cosas, la “renta básica universal” -un salario para todos los ciudadanos-, y la semana laboral de quince horas.

Una bonita propuesta que hoy suena a utopía para soñadores. Pero Bregman, orgulloso del Estado de bienestar, avivó el debate necesario para resolver una de las paradojas de nuestro tiempo: el hecho de que en las sociedades de la abundancia millones de personas no pueden hacer frente a las necesidades básicas. 

Este es el objetivo de la Renta Mínima o ingreso mínimo vital que el Gobierno va a implantar para personas y familias en riesgo de pobreza extrema o con escasos recursos, que percibirán una prestación complementaria de ayudas autonómicas en cuantía distinta según el tipo de familia. 

Nadie debe quedar atrás en esta hora de España. Las “colas del hambre” para recoger una bolsa de comida –en Aluche, en Cáritas o en la Cruz Roja– son impropias de una sociedad desarrollada como la española y esa renta es el medio para evitarlas y paliar el hambre de los que están siendo víctimas de la destrucción económica de la pandemia y de otros factores. 

Pero su aplicación es compleja. Requiere evaluación rigurosa y control posterior de los beneficiarios para constatar que los perceptores cumplen las condiciones requeridas, entre ellas que los  que están capacitadas para trabajar se inscriban como demandantes de empleo, sigan un itinerario personificado de reinserción laboral y acepten un puesto de trabajo. 

Se trata de que el ingreso mínimo vital vaya destinado a quienes lo necesitan y no sea una coartada para no volver a dar golpe al amparo de un sobresueldo que se hace “compatible” con  trabajos en la economía sumergida, muy frecuente en este país de la picaresca. 

Por eso, es un acierto que la adjudicación de las ayudas se canalice a través de los ayuntamientos que conoce la casuística de personas y familias y de ellos cabe esperar que actúen con rigor para evitar agravios comparativos a los vecinos trabajadores. Sería tremendo que esta renta se utilizara como “recurso” político clientelar para captar bolsas de votantes. 

Dicho esto, la Renta Mínima debe ser temporal, para situaciones de emergencia, y se mantendrá mientras subsistan las causas que motivan su concesión. España no puede ser un país subsidiado, tiene que ser un país que ofrece oportunidades desempeñando distintos puestos de trabajo. Que son el mejor escudo social para salir de la crisis.