El domingo seguí la manifestación “Pola defensa da nosa sanidade pública. Non a esta Lei de Saúde”, y escuché con preocupación los eslóganes contra el desmantelamiento, el colapso y la privatización que, decían, está implantado el Gobierno gallego.
Por eso, el lunes fui al Complejo Hospitalario de Santiago, subí a las plantas de ingresados, accedí a la zona de consultas externas y urgencias, bajé a la entrada de los quirófanos y todo funcionaba con normalidad. El personal estaba en sus puestos, los enfermos eran atendidos y las dependencias del centro presentaban un aspecto limpio.
La primera conclusión de esta peculiar “inspección” ocular es que la sanidad gallega no es el desastre que denuncian los líderes de la oposición, los líderes sindicales y esa plataforma que encontró acomodo y notoriedad en “protesta, que algo queda”. El sistema de salud no está desmantelado ni colapsado, sigue siendo público y bueno.
Así lo atestigua la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública en su último informe –septiembre 2017–, que evalúa los servicios sanitarios de las autonomías en 28 parámetros, entre ellos el gasto per cápita, las camas por 1.000 habitantes, el gasto farmacéutico, la satisfacción de los usuarios, la privatización de los servicios y las listas de espera. Galicia, pese a los recortes, repite posición en un honroso octavo puesto.
Pero la sanidad gallega también arrastra problemas. Unos son consecuencia de la crisis y otros, más que a los recortes de la crisis, son imputables al modelo de gestión, manifiestamente mejorable, según los profesionales sanitarios.
No se puede dirigir un centro de salud “a distancia”, sin pisar los servicios y sin conocer y hablar con todo el personal que tiene cosas que decir, aportaciones que realizar y quejas que formular. Escucharlos ayuda a mejorar la gestión que pasa por planificar el trabajo, organizar y dirigir recursos materiales y humanos, controlar y evaluar tareas y resultados, reconocer el mérito y esfuerzo de los cumplidores, al menos con una felicitación, y corregir lo que funciona mal.
Dicho esto, lección de la manifestación: no se puede imponer la Lei de Saúde, ni paralizar su reforma. Gobierno y oposición deben sentarse, perfeccionar esa ley, mejorar las Áreas Sanitarias, la Atención Primaria, las listas de espera y la organización hospitalaria. Deben dialogar para proteger la sanidad que es una joya de todos los gallegos. Esa es su obligación.