En estos días parece obligado pronunciarse sobre la conveniencia o no de mantener la pena de prisión permanente revisable. Días impropios porque se legisla en caliente, después de asistir a la recreación del asesinato de un niño, y cualquier cosa que se diga o mantenga en contra de esta pena privativa resulta muy impopular. De ahí el espectáculo bochornoso al que asistimos en un parlamento donde los señores del partido popular acabaron aplaudiendo a las víctimas, presentes en las bancadas. ¡Inaudito!. En nuestro país, aun en los tiempos más cruentos del terrorismo, nunca se planteó el debate de cadena perpetua o no. Eso sí, aquellos que en su momento defendieron el cumplimiento de las penas, la limitación del acceso al tercer grado o los beneficios penitenciarios, y, en consecuencia, el rechazo a esta pena privativa, el jueves se desdijeron de lo dicho y aliaron sus fuerzas con el partido de gobierno. Luego, la demagogia hace el resto. Acusan a otros de populistas. Todo es política electoral. Y  lejos de defender o no una pena privativa de libertad, sobre la cual cada quien es muy libre de opinar, no deja de causar sonrojo la patente utilización de las víctimas, cuando se habla de esta pena como si se tratara del bálsamo de fierabrás, que tenía el poder de curar las heridas a quien lo bebía. Se dio a entender que con esta pena vamos a impedir los crímenes. ¿Acaso no está esta pena vigente ya? ¿Ha impedido que la presunta asesina de este pobre niño dejara de matarle? NO, y no lo va a impedir ninguna pena. Ni siquiera la de muerte. 
Cualquier padre con hijos desea lo peor a su asesino. Pero otra cosa es el legislador, que debe regular los actos criminales conforme a un criterio general, objetivo y justo. Nuestro país es uno de los países europeos con menor nivel de delitos y mayores penas efectivas, aunque el gobierno no dude en manipular el dolor de las víctimas con esa falsa eficacia disuasoria de la prisión permanente. Eso sí, el jueves, dieron un ejemplo de empatía ficticia delante de las victimas (que lo son y reales). La mejor forma de manipular es aquella en la que el manipulado actúa “libremente”.
Cierto que el debate debió posponerse, por no ser el momento apropiado. O incluso dejar que el Tribunal Constitucional resolviera sobre su acomodación o no a nuestra Constitución, como legislador negativo que es. Sin embargo, no cabe duda que salvo el Partido Popular que implantó la pena, ningún otro partido estaba a favor. Pero como muy bien saben los políticos y así lo evidencian, el pueblo, sus votantes, tienen memoria de pez (o al menos eso creen) y con esta algarada se han ganado un puñado de votos. Olvidan, sin embargo, que quienes ahora se dan golpes de pecho diciendo que quieren enchironar a los delincuentes peligrosos, han limitado la instrucción de las causas, han recortado medios, han implantado la denominada Ley Mordaza, por poner ejemplos. Ellos, (y algunos otros también) que se han dedicado al trinque en perjuicio de todos los españolitos de a pie, aunque no se reconozca. Son datos objetivos. Condonación de deudas a grandes empresas, impuestos abusivos, pensiones bajas, trabajadores pobres, etc. El erial es importante..   
Justicia es el sentido de lo justo. Y parecía, no obstante, que manteniendo esta pena los asesinos estarán más a recaudo y se evitaran crímenes. Nada más lejos de la realidad. Las diferencias con una condena por asesinato de un menor antes de la reforma de la norma son mínimas. Los hechos hasta ahora descubiertos apuntan que, en aplicación del Código Penal anterior, la pena oscilaría entre los 17 y los 30 años de prisión, ya que de lo que transciende de los hechos, podría calificarse como asesinato con agravante de parentesco o concurrir otras dos agravantes, como el ensañamiento y las circunstancias de lugar y tiempo. En este caso, la excarcelación se sitúa en el límite máximo de cumplimiento de 30 años, momento en el que la acusada saldría de prisión, presentase o no pronóstico favorable de reinserción. 
Como siempre, los arboles no nos dejan ver el campo.