Se dice pobreza energética de la situación de una persona o familia que carece de recursos para hacer frente a sus obligaciones. Es un término de nueva acuñación, motivado por el escandaloso precio de las tarifas eléctricas. Las empresas energéticas funcionan como monopolios u oligopolios sin competencia, esto es como el menú único, “para hoy lentejas, si quieres las tomas y si no las dejas”.
La cosa se pone fea y comienza a tener sensibilidad social, que puede provocar un nuevo movimiento en defensa de los desfavorecidos, que son muchos. Gracias a Cruz Roja y Cáritas, que hacen lo posible para que no se corte la luz a los usuarios que lo pasan mal, pero en muchos casos nada se puede hacer, porque la deuda ya es difícil de asumir. También participan en su salvación los vecinos que conocen el problema y los familiares que ayudan en lo que está en su mano, esperando a que vengan tiempos mejores. Sería más importante que la administración dispusiese de un plan de ayuda a las personas que estén en esta situación y exigir a las compañías que equilibren sus tarifas, además posibilitar la apertura del mercado a nuevas empresas.
El problema de pobreza energética afecta ya en la provincia coruñesa a más de 200 familias, que en Galicia pueden ascender a unas 600. Lo grave del asunto es que cerca del 35% son personas mayores con escasas pensiones y cuyo estado de salud empeora en invierno por no poder calentar su hogar al carecer de medios económicos para hacerlo, si ya casi ni usan la corriente eléctrica para evitar el consumo de luz debido a las subidas que hubo en los últimos años, mientras que sus pensiones se quedaban como estaban. O esto se arregla regulando los servicios, especialmente luz, agua, gas y carburantes o la pobreza energética irá en aumento.
En definitiva, el recibo de la luz es muy caro como consecuencia de las políticas energéticas de los gobiernos anteriores, por lo que su reducción es complicada, salvo una nueva directriz implantada por un nuevo gobierno que acepte su responsabilidad de pagar vía impuestos lo cargado hasta el momento sobre el recibo de la luz, por fallos de los anteriores gobernantes.
Para Carlos Marcos, de Unión Coruñesa, es el ejemplo de unas políticas sociales erráticas, dejando en manos de los monopolios todos los servicios. “Después de las elecciones y una vez en el Ayuntamiento, haremos un programa social integral para que nadie pueda sufrir corte en el suministro de los servicios más esenciales”, asegura.