EL BOCHORNO DE LOS DIPUTADOS

Voy a referirme a la situación económica de los señores elegidos como representantes por el pueblo, no entraré en temas de su trabajo, si lo hacen bien o no, si es poco o escaso, sino sobre su rentabilidad y el baremo que siguen acerca de lo que cobran al mes y la parte que dejan de cotizar, no en el volumen cuantitativo de su remuneración, que en esto el ciudadano tiene mucho que objetar y decir. Fiscalmente a Hacienda los diputados cotizan por parte de su salario, cuando la mayoría del resto de los mortales es obligada a que lo haga por la totalidad de sus emolumentos, de lo contrario el fisco, siempre atento, caerá con mano de hierro sobre quien se salte la norma. Lo hará, eso sí, sin compasión ni piedad, sino que se lo pregunten a los humildes emigrantes retornados, que ven sus caras con Hacienda por la retribución de sus pensiones cobradas en el exterior y que ahora tienen que pagar al fisco en su lugar de residencia.
Hay pocos, muy pocos, diputados que ven en la norma un agravio comparativo con el resto de la ciudadanía y claman para que los privilegios de desaparezcan, pero es la mayoría la que se opone a ello, entre los que se encuentra el PP y el PSOE, como principales, además de otros grupos menores, los cuales se niegan a reconocer el desfase entre la clase privilegiada y el pueblo, cuando aquellos son precisamente electos por el último, quienes deberían dar ejemplo de transparencia y, en cambio, acontece lo contrario. Esto me recuerda al viejo proverbio gallego que dice: “Amigos sí, pero a galiña polo que costa”.
La tributación del salario y gabelas de los señores diputados se hizo hasta casi un año por el 54% de la totalidad de sus ingresos a Hacienda, en lugar del 100%, en Galicia. En que el Parlamento aprobó una norma de que se tributase por el casi 80% del salario recibido, lo que supone un 20% del libre albedrío para el titular, que no justifica al fisco, pero ese porcentaje viene a suponer la nada desdeñable cifra de 1.000 a 1.200 euros mensuales de promedio.
Vamos, el doble del salario mínimo, recibido de forma irregular con el visto bueno de los que idearon esta fórmula perniciosa, con respecto al común de la ciudadanía, lo cual no es un privilegio, sino un insulto a la inteligencia del pueblo y, sobre todo, un agravio al resto de los contribuyentes que cotizan hasta la última cifra, como lo exige la Hacienda pública, por tanto conviene abolir dicha norma, para que la ley de tributación sea para todos igual, sino pensaremos que unos pocos se aprovecha de mucha gente en beneficio propio.
Al habla con Carlos Marcos, de Unión Coruñesa, dice: “Para mí, es la mayor injusticia social, teniendo en cuenta los salarios de la mayoría de la gente, las escasas pensiones y los desempleados que no tienen protección ninguna, cuyos cargos electos tienen un buen salario para lo que rinden y encima una parte del mismo no tributa”.