Parece que el actual gobierno municipal saldará por fin una de las grandes cuentas pendientes de este municipio, como es la regularización de los ocupantes de las lllamadas Casas Baratas, en el barrio de Recimil. Saber que poco más de la mitad de sus 913 viviendas tienen contrato legal permite poner de relieve el número de inmuebles sujetos a descontrol. Circunstancia que no solo conlleva un evidente peligro para los vecinos de la barriada, ya que son frecuentes instalaciones eléctricas o de gas sin los perceptivos visos de seguridad, al margen de las consideraciones sobre el pago de la vivienda. Cierto también que la frecuente y descontrolada ocupación está directamente relacionada con la realidad social de muchos de sus protagonistas. Lo obligado es, sin embargo, dar cobertura de legalidad a quien lo necesita y que el acceso a las viviendas sea justo y fluido.
