El área de Benestar Social, que dirige la concejala Beatriz Sestayo, ha comenzado a trabajar en la modificación de la normativa de acceso a las ayudas de emergencia social, que califica de “demasiado ríxida para a concesión de axudas pero tamén o suficientemente difusa para permitir interpretacións variables, que fan que existan diverxencias de criterios segundo a zona”.
Por esta razón, y tras la reunión mantenida con profesionales de los servicios sociales, se ha tratado de articular criterios homogéneos y ayer mismo se presentó en la comisión de Benestar un borrador de normativa que “contempla  máis flexibilidade nas contías a outorgar segundo a necesidade das personas acreditadas e máis celeridade nas adxudicacións das mesmas atendendo a que se trata de emerxencias”. En este sentido, además, se denunció desde el área que dirige Beatriz Sestayo, la paralización de la respuestas a las peticiones de Risga, que están tardando en ser respondidas entre nueve y doce meses, según aseguró la concejala.
El borrador presentado ayer a los grupos municipales para su estudio será también sometido al criterio de las asociaciones para que presenten alegaciones o sugerencias, con el objetivo de que pueda ser aprobado de forma definitiva en quince días.
Sestayo apuntó que en lo que va de mandato, las cuestiones de emergencia social ocupan el 80% de las demandas ciudadanas a Servicios Sociales y tienen que ver en primer lugar con alimentos –familias con menores– y en segundo lugar con pagos de alquileres y suministros.
Los problemas de vivienda –ya se han paralizado 11 desahucios– ocuparán, según la edila, un puesto prioritario entre los objetivos del nuevo gobierno.