El conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, anunció ayer que será durante “el primer trimestre” del año cuando la Xunta concretará la oferta pública de empleo que prevé el acuerdo firmado el pasado 15 de enero con UGT y CCOO. En total, se prevé una convocatoria de más de 4.000 plazas hasta 2020 (entre promociones y de libre disposición) que permitirán que Galicia siga siendo “la comunidad con menor tasa de temporalidad”.

Además, anunció que se abrirá “en pocos meses” el plazo para que los trabajadores soliciten adherirse al sistema de carrera profesional, que se implementa “por primera vez” en la función pública autonómica y que redundará en incrementos retributivos entre 761 y 2.640 euros, según la categoría profesional.

Así lo dijo el conselleiro durante su comparecencia en el pleno del Parlamento gallego, en el que insistió en el carácter “histórico y trascendental” de este acuerdo que es, según sus palabras, el “más importante de las últimas décadas”, puesto que beneficiará “a más de 21.500 familias”.

Martínez explicó que la voluntad negociadora de su departamento, que se extendió durante “nueve meses”, permitió a la Xunta adquirir una visión de la función pública e implementar un “diagnóstico y búsqueda conjunta de soluciones”.

En este sentido, el texto, que fue publicado el lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG), mantiene como ejes la “estabilidad” de la plantilla de la Administración, la “igualdad” entre distintos cuerpos a través de la “funcionarización voluntaria” de empleados públicos, el establecimiento de la carrera profesional, que redundará en incrementos retributivos entre 761 y 2.640 euros, y la adquisición de “nuevos derechos” laborales.

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Asimismo, Martínez valoró que el acuerdo incluye medidas de conciliación de vida familiar y laboral, con novedades como una “bolsa de horas de libre disposición acumulables” de hasta un 5% de la jornada laboral, para “favorecer la atención de mayores, discapacitados e hijos menores”, así como una “reducción de jornada del 50% durante los 30 días seguidos” a la finalización de tratamientos de quimioterapia o radioterapia.

El conselleiro celebró que la Administración gallega “deja atrás” una etapa “de restitución de derechos” durante los años de la crisis para “emprender otra”. “Estamos en un momento muy importante en el que buscamos una auténtica transformación de la función pública gallega en la que se mejore la calidad y estabilidad del empleo público”, resumió, al tiempo que vaticinó “importantes oportunidades de empleo” en la Xunta para “gente joven”.

Tras la intervención del titular de Facenda, el diputado del BNG Luís Bará calificó de “mal acuerdo” el firmado con CCOO y UGT, ya que “son minoritarios” en relación con CSIF y CIG, que, en suma, ostentan la mayoría de la representación. “Hablan de un acuerdo de concertación que en realidad es un desacuerdo de desconcertación”, bromeó.

Por su parte, la diputada de En Marea Julia Torregrosa lamentó que con el acuerdo “no se recuperan” los derechos “que se perdieron”. “La subida es positiva, pero lejos de ser triunfalista es claramente insuficiente”, apostilló.

Mientras, el socialista Juan Díaz Villoslada ve “excesivo” el “triunfalismo” del conselleiro en los cuatro puntos de un acuerdo que supone, a su modo de ver, en otra “rectificación” de la Xunta en políticas que “deterioran los servicios públicos de Galicia”.