La expresidenta del Parlament catalán Carme Forcadell cumplió ayer dos años de encarcelamiento desde que fue acusada de sedición y posteriormente condenada por el Tribunal Supremo, algo que ella misma recordó ayer en las redes sociales.

Forcadell, que cumple una condena de 11 años y medio de cárcel y se encuentra ingresada en la prisión de Mas d’Enric, situada en Tarragona, fue la presidenta del Parlament durante la anterior legislatura y ayer recordó en un tuit en su cuenta oficial que lleva dos años encarcelada.

“Hoy hace dos años que estoy en prisión, 732 días”, afirma Carme Forcadell, que contabiliza tanto el hecho de que este año es bisiesto como el primer día que fue encarcelada en noviembre de 2017, cuando tuvo que permanecer una noche en la cárcel de Alcalá Meco, situada en Madrid, antes de que pudiese salir en libertad bajo fianza.

En el tuit de Forcadell se hace referencia, asimismo, a la crisis sanitaria, al indicar que “el Covid-19 pone a prueba nuestra solidaridad y nuestra resiliencia. Pasará, lo superaremos y saldremos reforzados como personas y como ciudadanos. La vida es nuestra prioridad, cuidémonos, cuidaros”, expresaba Forcadell.

La expresidenta del Parlament recurrió el pasado día 19 de marzo su condena ante el Tribunal Constitucional, alegando que se limitó a proteger la libertad de expresión de los diputados durante el “procés”, sin “censura previa”, en base al principio de inviolabilidad parlamentaria.

En su recurso, Forcadell pidió al Constitucional que revoque la condena a once años y medio de cárcel que le impuso el Supremo por su papel en el “procés”, con el argumento de que se vulnera una decena de derechos constitucionales, entre ellos los de libertad de expresión e ideológica, reunión y representación política.

La abogada de Forcadell, Olga Arderiu, sostuvo en su escrito que se vulneró el derecho de representación política de su cliente, dado que en su cargo de presidenta del Parlament se limitó a cumplir con su función de “proteger” el derecho de expresión de los diputados, “sin perturbaciones ilegítimas” y sin imponer una censura previa.

Forcadell sostuvo asimismo que cuando se prohibió la tramitación parlamentaria de cualquier iniciativa que desarrollara la declaración de ruptura del Parlament, los derechos de representación política “se vieron sensiblemente afectados”. l