La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que en algunas comunidades se está presionando a los profesores para que aprueben el curso a los alumnos, por ejemplo, a través de aumentarles el papeleo que deben realizar en el caso de los suspensos.

Lo aseguró el presidente de Enseñanza de CSIF, Mario Gutiérrez, durante la presentación del “Plan de Reconstrucción para la Educación: refuerzo de plantillas e incremento de la inversión por alumno”.

Gutiérrez afirma que su sindicato tiene “constancia” de las citadas presiones a través de los mensajes que les envían los docentes, algunos con doce o catorce horas de trabajo burocrático para poder sacar adelante el papeleo que se les exige desde Inspección cuando suspenden materias a algún alumno. “Ese papeleo se acaba de un plumazo con el aprobado”, se lamentó Gutiérrez.

Orden ministerial

El representante sindical señaló a Aragón, Extremadura y Castilla-La Mancha entre las comunidades que podrían estar haciendo dicha presión al seguir la orden ministerial de abril, que deja en manos de las autonomías los criterios de promoción de curso y titulación, recalcó.

CSIF respondió así al ser preguntado por la denuncia de la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE), que cree que el 53,4% del alumnado ESO y el 36,5% de Bachillerato será evaluado sin respetar la norma básica dictada por el Ministerio de Educación, sino con la autonómica correspondiente, lo que provoca desigualdad y un agravio comparativo.

Según CSIF, el tema de los aprobados de este curso afectará a la forma sobre cómo llega preparado el estudiante a la prueba de acceso a la Universidad (EBAU/EVAU), de la que ellos son partidarios desde hace años que se unifique para toda España.

“Va a haber desigualdad hasta para llegar” a esas pruebas, es “algo aberrante”, enfatizó. En su plan de reconstrucción educativa, CSIF exige 40.000 profesores más en los próximos cinco años y blindar un gasto mínimo por alumno de 5.800 euros al año (en la actualidad País Vasco dedica a cada estudiante más de 7.000 euros y Madrid 4.300 euros, ha detallado).

Sobre los 2.000 euros para educación anunciados el pasado domingo por el Gobierno, Gutiérrez los definió como “un primer paso” que debería ir aumentando después en 3.000 o 3.500 euros cada año hasta llegar al 7% del PIB. Renovar las instalaciones educativas y acabar con la brecha digital son otras peticiones de CSIF.

“Creo que no estamos preparados para el próximo curso”, añadió Mario Gutiérrez, que cree que los planes, de momento, son “made in Spain”, es decir “ya veremos”.