Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea se mostraron ayer dispuestos a acordar este año un impuesto a las grandes empresas de internet, a pesar de que la propuesta sobre la mesa está lejos de alcanzar la necesaria unanimidad por las dudas de varios países, incluida Alemania.
“Lo que hemos logrado hoy es el reconocimiento común de trabajar en una solución de corta duración hasta final de año, basada en la propuesta de la Comisión Europea”, dijo el ministro de Finanzas austríaco, Hartwig Loger, cuyo país ostenta la presidencia de la Unión y acogió en Viena el consejo informal de ministros este viernes y sábado.
Los Veintiocho buscan el modo de gravar la actividad de las grandes empresas digitales para paliar la disparidad que existe actualmente entre lo que pagan en impuesto de sociedades estas plataformas (9,5%) y las empresas tradicionales (23,2%). El punto de partida para la discusión es una propuesta del Ejecutivo comunitario que plantea introducir un impuesto del 3% sobre la facturación por ciertos servicios digitales de las empresas de Internet que facturen más de 750 millones de euros en todo el mundo y más de 50 millones en la UE, que se aplicaría de forma temporal hasta adaptar la fiscalidad europea a estos nuevos modelos.
Los Estados coinciden en que debe darse respuesta a un problema que perciben los ciudadanos, tanto más de cara a las elecciones europeas de 2019, pero discrepan sobre el modo de hacerlo y, en particular, varios prefieren que la solución se pacte de forma global en el seno de la OCDE. Para intentar salvar este escollo, el ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, propuso ayer a sus socios introducir una “cláusula de extinción” que garantice que el impuesto europeo será reemplazado “tan pronto como haya una solución en la OCDE”, una idea que generó consenso según la presidencia.
“La vincularemos a una cláusula de extinción, para destacar que será una solución de transición a nivel europeo, y de forma paralela trabajaremos en una solución de larga duración pero estamos dispuestos a desarrollar una solución de corta duración”, afirmó Loger. Pero esta posible cláusula no es suficiente para convencer a todos en un dosier que necesita el apoyo de los veintiocho para salir adelante.
Así, el ministro de Finanzas alemán, Olaf Scholz, dijo que su país “comparte la ambición de llegar a acuerdos antes de fin de año” aunque hay temas sobre los que trabajar.
Alemania, que inicialmente respaldó el impulso francés a la medida, había dejado traslucir esta semana sus dudas al respecto. Al término de la reunión su homólogo galo había admitido que Berlín tiene “interrogantes”, en particular sobre cómo evitar que las empresas reduzcan su base imponible, garantizar que pagan allí dónde generan valor y sobre el coste de recaudar la tasa, pero aseguró que darán respuesta a los mismos. España apoya sin ambages la iniciativa. De hecho, la ministra de Economía, Nadia Calviño, informó a sus socios de que el Gobierno prevé introducir esta tasa sobre la base de la propuesta de la Comisión aún cuando no exista consenso europeo.
La intención del Gobierno español no es esperar a que haya un acuerdo europeo o supranacional para adoptar las decisiones oportunas”, dijo Calviño, sin avanzar cuánto esperan recaudar con el impuesto dado que dependerá del diseño del mismo. l