Piden prisión para tres aparejadores por el accidente laboral del Sánchez Aguilera

La Fiscalía solicita la apertura de juicio oral contra dos arquitectos técnicos del Concello de Ferrol y un tercero que había sido contratado para las obras de rehabilitación de la fachada y la cubierta del edificio principal del cuartel Sánchez Aguilera, cuya ejecución se inició en octubre de 2010. La acusación se dirige contra los aparejadores municipales M.M.P.O. y D.C.M., y el externo F.J.M.M., a los que se responsabiliza de someter a un grupo de trabajadores a los riesgos que conlleva la manipulación de planchas de fibrocemento –uralitas– sin la debida protección, así como de ocasionar, debido también a la falta de medidas de seguridad, la caída de otro operario desde una altura de tres metros.
En la acusación del fiscal se recoge que el día 1 de octubre de 2010 comenzaron a ejecutarse las obras antes señaladas –se realizaron con cargo a una subvención del Programa de Cooperación Xunta-Entidades Locales–, de las que el Concello de Ferrol era el promotor y el constructor. Para ello se procedió a la contratación de tres peones, seis albañiles y tres oficiales. Una parte del trabajo consistía en la retirada de uralitas –contienen amianto y pueden provocar asbestosis– que conformaban la cubierta de una de las naves del cuartel, para su reutilización en la cubierta del edificio principal.
Esta tarea constaba de varias operaciones. Según señala la Fiscalía, para la retirada de las planchas los trabajadores ascendían por una escalera de mano apoyada en un pilar hasta colocarse sobre la cubierta de la nave situada a una distancia del suelo de 2,5 metros en el punto más bajo y 3,5 en el más alto, estando sometidos a un elevado riesgo de caída al no existir ningún elemento de protección colectivo –barandilla o red– ni tampoco dispositivos individuales tipo arnés.
Además, la retirada se efectuaba manualmente de forma dificultosa por el propio peso, tamaño y estado de abandono de las referidas uralitas, que estaban cubiertas de musgo por el paso del tiempo.
A continuación, las planchas de fibrocemento se lavaban con  agua a presión y los trabajadores debían cortarlas con una radial para adaptarlas al tamaño y forma necesario, exponiéndose nuevamente a un peligro para su salud, puesto que se liberaban al ambinte las partículas de amianto que contienen dichas planchas y no utilizaban equipos de protección individual de las vías respiratorias.
El siguiente paso consistía en transportar las planchas lavadas y cortadas hasta la cubierta del edificio principal, para proceder a su colocación, para lo que tampoco se utilizaban medidas de protección. Desde los aleros a la cubierta había una distancia al suelo de once metros y de la cumbrera al forjado del bajo de unos tres metros.

riesgo
El fiscal sostiene que el problema se incrementaba porque no se había realizado una evaluación de los riesgos que los trabajos podrían representar para los operarios ni una planificación de la actividad, tampoco se había designado un recurso preventivo para la obra y los trabajadores no recibieron información ni formación sobre los riegos, ni tampoco fueron sometidos a los correspondientes reconocimientos médicos.
En estas circunstancias, el 19 de noviembre de 2010, el oficial de construcción J.M.C.S., de 47 años de edad, se encontraba sobre la cubierta de la nave retirando manualmente las uralitas cuando una se rompió, por lo que se precipitó al suelo desde una altura de tres metros. Sufrió una dorsalgia postraumática, herida contusa con exposición ósea de 10 centímetros en la pierna derecha y lumbalgia postraumática.Las lesiones curaron a los 108 días pero le quedaron secuelas.
El 10 de febrero de 2011 Inspección de Trabajo y el Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral giraron una visita a las obras, en la que constataron las deficiencias antes apuntadas, si bien se les informó de que los trabajos estaban parados. Al día siguiente, dos trabajadores se encaramaron a la cubierta con el fin de desplegar un plástico sobre una zona que había quedado descubierta, lo que dio origen a que Inspección de Trabajo paralizase la obra.
El fiscal solicita para los tres acusados penas de 16 meses y 15 días de prisión y multas de 3.000 euros.