Trapero pidió que se corrigieran 11.000 actas del 1-O para evitar las acusaciones de sedición

La estructura de mando de los Mossos d’Esquadra bajo la dirección del mayor Josep Lluís Trapero corrigieron 11.000 actas del dispositivo que desplegó durante el referéndum ilegal del 1 de octubre para evitar ser acusados de “poco profesionales” a sabiendas de que la investigación judicial iniciada en la Audiencia Nacional podría señalarles por un delito de sedición.
Así se desprende del informe, enviado por la Guardia Civil a la Audiencia Nacional en base al análisis de la cuenta oficial del correo electrónico de Trapero, que declaró en la Audiencia Nacional por última vez el 23 de febrero tras imputarle la juez Carmen Lamela un nuevo delito de sedición en relación con la actuación del cuerpo policial durante el 1-O.

Total inactividad
La juez, que también tomó declaración como testigo a Ferrán López, número dos de Trapero y jefe de los Mossos en aplicación del artículo 155 de la Constitución, constató la “total inactividad” de la policía autonómica ese día en base a un “plan premeditado para evitar actuar” contra el referéndum.
Según el informe de la Policía Judicial sobre el correo de Trapero, el 13 octubre se levantó un acta de una reunión de mandos en el complejo central de Egara en el que, tras la primera comparecencia del mayor Trapero en la Audiencia Nacional, reconocen que las actas del 1-O fueron “en su gran mayoría poco profesionales, carentes de información y que tenían que ser supervisadas”.

No poner facilidades
Trapero intervino en aquella reunión para mandar un mensaje claro: “Tenemos que ser muy conscientes y tener muy presente que, con diez ejemplos de actos o vídeos de actuaciones poco rigurosas, desde la Guardia Civil y la Fiscalía construyen el delito de sedición. Hay que tener mucho cuidado en no poner facilidades”.
Según el acta de aquella cita, el entonces máximo jefe de los Mossos pidió personalmente no delegar la supervisión y controlar de forma exhaustiva la supervisión de la documentación sobre el dispositivo del 1-O a sabiendas, según la Guardia Civil, de que la investigación revelaba que la actuación fue “poco creíble”.
Los mandos hablan en aquella reunión del día 13 de octubre del “esfuerzo ingente que supone revisar más de 11.000 actas en las que se detectó una gran cantidad de estas con falta de supervisión, contenidos insuficientes, falta de información y algunas actitudes poco profesionales”.

Hacer desaparecer el cuerpo
Siempre de acuerdo al acta de aquella reunión intervenida por la Guardia Civil, la dirección de los Mossos era consciente doce días después del 1-O que su actuación sería “estrictamente escrutada por la judicatura”.
La consigna era revisar todos esos vídeos en los que aparecían mossos transportando urnas, en algunos casos entre aplausos de los votantes del 1-O, y enviarlos a la División de Asuntos Internos si se comprobaba que había actuaciones que no se ajustaban a las instrucciones dadas, “a fin de determinar posibles responsabilidades disciplinarias, aparte de las que se pudieran derivar a nivel judicial”.
El mensaje de la dirección policial de los Mossos fue: “Hay que tener mucho cuidado en no poner facilidades”. En este sentido, se hace hincapié en que no se trata de atender a los problemas judiciales que se pueden derivar para los mandos, sino de evitar que el relato judicial pueda “anular” al Cuerpo de los Mossos.

“Nosotros no debemos tener ningún papel en el proceso. Debemos ser conscientes de lo que quieren, hacer desaparecer el COS (Cuerpo de Mossos). El miedo no nos puede vencer. Hemos hecho lo que teníamos que hacer y lo que queríamos hacer. No nos podemos permitir que dirijan nuestras actuaciones. Los mandos aquí presentes somos los motores”, resumía el acta de la reunión del 13 de octubre.
El acta intervenida de aquella reunión atribuye al comisario Joan Carles Molinero, que compartía junto a Ferran López el puesto de número dos, la observación de que las actas del 1-O tenían “contenidos insuficientes, falta de información e incluso actitudes poco profesionales”.
“De hecho desde la Prefectura se solicitaron informes para ampliar el contenido de las mismas”, advierte el documento del Instituto Armado. Los sindicatos de Mossos se quejaron de que deslizaran la responsabilidad sobre policías de base cuando las actuaciones del 1-O se habían diseñado por la estructura de mando.