La Fiscalía se querella contra Puigdemont, Forcadell y el Govern por rebelión y sedición

De la Maza llega a la rueda de prensa | ballesteros (efe)
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La Fiscalía se querelló ayer en la Audiencia Nacional contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y trece exconsejeros del Govern por rebelión, sedición y malversación y dirigió una segunda querella por esos mismos delitos al Supremo contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y cinco miembros de la Mesa que tramitaron la declaración de independencia.

En sendos escritos, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, pide que los querellados presten una fianza solidaria de 6,2 millones de euros en concepto de responsabilidad civil e insta a la citación “urgente” de los veinte querellados y, en caso de que se produzca una incomparecencia, su “inmediata detención”.

Una insurrección

En las querellas, de alrededor de 100 folios cada una, Maza hace un pormenorizado relato de los hechos presuntamente delictivos del Govern desde noviembre de 2015 –cuando el Parlament aprobó el inicio del proceso soberanista– hasta la actualidad y desglosa las declaraciones públicas de los miembros de la Generalitat para apoyar sus acusaciones.

A los querellados les acusa de alentar “una insurrección” y “un levantamiento violento” con el fin de celebrar el referéndum y consagrar la independencia, lo que, a su juicio, constituye un delito de rebelión –penado con hasta 30 años de cárcel–, que no exige que se esgriman armas, ni combate, ni actos de violencia graves, “o cuanto menos de sedición”, castigado con un máximo de 15 años.

Para la Fiscalía, la resolución de cometer el delito fue “firme” en tanto que “procuraron la movilización social, el apoyo de la policía autonómica, el control del presupuesto necesario y la utilización de vías violentas para impedir la oposición por parte de las fuerzas del orden público”.

Maza asegura que los querellados no buscaban solo el apoyo ciudadano para llevar a cabo su proyecto independentista, sino que, a través de las entidades soberanistas –principalmente la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cutural–, realizaron llamamientos a la movilización popular “como medio intimidatorio y violento para conseguir el fin secesionista”.

Fuerza intimidatoria

Cree además que los denunciados “sabían que en un eventual referéndum ilegal solo participarían, mayoritariamente, los ciudadanos partidarios de la independencia de Cataluña” y utilizaron “la fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas de la población”.

Para sus fines, relata, contaron con la ayuda de personajes públicos como Julian Assange y Yoko Ono, cuya colaboración, dice la Fiscalía, no fue espontánea, y también con un “lobby” estadounidense que trabajó “para impulsar la imagen del Govern”, unos servicios por los que se pagaron 60.000 euros.

Con la declaración de independencia, advierte además la Fiscalía, Puigdemont asumiría en “exclusiva” el mando de los Mossos, lo que “supone implícitamente la potencial utilización de dicha fuerza armada contra quienes intenten hacer efectiva la vigencia de la Constitución en Cataluña”.

Las querellas detallan también escenas de violencia que se vivieron en los colegios con la intervención de la Policía Nacional y la Guardia Civil el 1-O, cuando los miembros destituidos del Govern catalán eran “plenamente conscientes” de que la “muchedumbre iba a protagonizar, como así ocurrió, actos de violencia”.

De hecho, afirma el fiscal que los querellados invitaron “a determinados mandos de los Mossos” a que facilitasen la celebración del referéndum y describe la inacción ese día de los agentes autonómicos, que en algunos casos llegaron a increpar a las fuerzas de seguridad estatales.

Un eufemismo

“La consigna repetida desde el Govern, los grupos parlamentarios independentistas y las entidades soberanistas, de la “resistencia pacífica” no era sino un eufemismo de lo que en realidad consistía en una incitación para que se opusieran e hicieran frente a la actuación de los agentes”, dice Maza sobre el 1–O.

Entre los querellados, en este caso ante el Tribunal Supremo por estar muchos aforados, figuran Forcadell y cinco miembros de la Mesa del Parlament, los de JxS y CSQP que votaron a favor del proceso por tramitar leyes que “solo podía celebrarse por la fuerza –insiste– de la muchedumbre movilizada”. En el caso de Carme Forcadell, Maza afirma hizo “tabla rasa de los derechos de los diputados disidentes”.

La Fiscalía se querella contra Puigdemont, Forcadell y el Govern por rebelión y sedición