El Gobierno ultima una norma para obligar a las empresas a implantar un registro de jornada que ponga coto a las horas extra no pagadas o fraudulentas que encubren jornadas completas, pero también para controlar el absentismo laboral, porque esta medida actuaría como garantía y obligación.

El texto del registro de jornada que negocian Gobierno y agentes sociales pretende obligar a las empresas a registrar las horas de entrada y salida de cada trabajador con el objetivo de que estas se ajusten a las legalmente establecidas. Esta reforma normativa busca garantizar el cumplimiento de los límites en materia de jornada, posibilitar el control por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y crear un marco de seguridad jurídica para trabajadores y empresas que solucione discrepancias en materia de jornada y de salario y termine con la precariedad. No obstante, tal y como decía esta semana el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, el fraude por absentismo asciende a 4.500 millones de euros, es decir, “hay una bolsa” de trabajadores que no cumplen, al igual que hay otra “bolsa” de empresarios “que no hacen bien las cosas”.

Tiempo excedido
En la actualidad, se realizan 6,8 millones de horas extra a la semana, de las que un 44% de ellas ni siquiera son compensadas con dinero o con tiempo libre, lo que además de perjudicar a los trabajadores afectados, impacta sobre el conjunto de la sociedad porque ese trabajo tampoco ha cotizado ni tributado.

El número de horas equivale a la creación de 170.600 empleos a jornada completa, de los que 74.700 estarían derivados de las horas extra que ni siquiera se pagan, según un informe publicado por CCOO, con datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

El perfil del trabajador que realiza horas extra no pagadas se aleja del estereotipado, mucho más precario, y se centra en un hombre, profesional del sector servicios, con una ocupación técnica, empleo indefinido y a tiempo completo. Respecto al absentismo laboral, el informe muestra que el peso es “residual”, ya que solo se realizan 14,6 horas no trabajas y pagadas (el 9,8% de la jornada), si bien en estas se incluyen vacaciones, días festivos, incapacidad temporal, maternidad, permisos remunerados y otros.

Por otro lado, el volumen de tiempo no trabajado y no pagado es “muy reducido”, de unos 18 minutos al mes, y en él se incluye el tiempo destinado a guarda legal, huelga o cierre patronal, así como el absentismo, tiempo que “ni siquiera tiene un coste directo para las empresas al ser no trabajado y no pagado”, dice CCOO.

Según el borrador de la propuesta sobre el registro horario, al que ha tenido acceso Efe, el Gobierno quiere modificar la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social para tipificar que cuando un empresario transgreda la norma en materia de registro jornada incurrirá en una infracción grave por cada trabajador.

Esta semana, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, consideraba fundamental establecer en las empresas estos sistemas de control y aseguró que lo estaban estudiando en la mesa de diálogo social para cerrar un acuerdo en próximas fechas. En este sentido, confió en poder cerrar este acuerdo, pero, de no ser así, pidió al Gobierno que lo saque adelante sin el consenso de los empresarios para atajar el empleo a tiempo parcial fraudulento y las extras no cotizadas.