La Policía Nacional detuvo en Galicia a siete personas por la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública y contra la Administración Pública tras recibir más de veinte millones de euros en subvenciones y adjudicaciones públicas destinadas especialmente a la ejecución de actividades formativas.

Los agentes detuvieron a siete personas en el marco de la llamada operación “Zeta”, entre ellos los responsables de distintas asociaciones de autónomos, así como de una fundación y de una consultora de formación.

Entre los arrestados está Gerardo Crespo, según fuentes bien informadas, empresario de la consultora coruñesa Azetanet.

Además, Eliseo Calviño, responsable de la Confederación de Autónomos y Profesionales de España y Héctor Cañete, presidente de la patronal hostelera de Galicia (Cehosga) también están entre los encausados.

Fuentes cercanas al empresario Gerardo Crespo señalaron que la noticia no le causa preocupación porque “por fin podrá defenderse de las acusaciones”.

Los delitos que se les imputan son fraude de subvenciones, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsificación documental, entre otros, según detalló la Policía Nacional en un comunicado.

De la investigación se ha concluido que las entidades investigadas han sido receptoras de más de veinte millones en subvenciones y adjudicaciones públicas, relacionadas, principalmente, con la formación de autónomos.

La investigación puso de manifiesto el posible uso instrumental de entidades sin aparente ánimo de lucro por ellos dirigidas, para la obtención de subvenciones con el objeto final de generar un beneficio económico a sus presuntos responsables.

Los hacían mediante el desvío de una parte relevante del montante total de dinero público recibido a destinos privados, en fraude del fin por el que fue concedido.

Se ha descubierto que varias de las entidades subvencionadas, algunas de las cuales de discapacitados, eran presuntamente ficticias en su actividad, estructura y asociados.

Los investigadores también han llegado a la conclusión de que por parte de la consultora de formación implicada se ofrecían y, presuntamente, se entregaban porcentajes ilegales del dinero público recibido por clientes tras las adjudicaciones una vez que estos subcontrataban su ejecución con la citada consultora.

A lo largo del desarrollo de la operación se ha procedido también a la toma de declaración como imputados por su participación en los distintos hechos investigados a 61 personas, 22 de ellas residentes fuera de Galicia, en localidades de todo el territorio nacional.