Ignorancia interesada

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No he visto gentes que por su formación y trayectoria profesional deberían saber más, pero que simulan conocer menos. Me refiero a la inmensa mayoría de los sesenta y tantos beneficiarios de las célebres tarjetas opacas o black de Caja Madrid / Bankia que estos días comparecen ante la Audiencia Nacional, acusados de apropiación indebida.
Se trata de uno de los affaires o turbios negocios que mayor escándalo social han suscitado. Y es que la cuantía y conceptos en ellas cargados reflejan una vida de ostentación impropia de unos tiempos ya en los umbrales de la crisis y de una entidad con fines benéficos que, por si fuera poco, acabó quebrada y requirió ayudas públicas por más de 22.000 millones. Otra cosa es el recorrido penal que todo ello tenga y cuyo desenlace judicial causará, probablemente, una cierta decepción en la opinión pública.
Por lo que los afectados han contado en el juicio, buena parte de ellos no sabían nada de nada: si las tarjetas eran para gastos de representación o eran un complemento salarial; si había que entregar o no justificantes; si alguien corría con los efectos fiscales correspondientes. Nada. Han dado la impresión de que las cogían, las utilizaban y punto. No revisaban nada. Y no les inquietó tamaña ignorancia.
No se les ocurrió, por lo que se deduce de sus testimonios, algo tan elemental como aclarar, bien por sus propios saberes, bien por asesorías externas, la naturaleza del gasto. Esto es, en qué condiciones podían utilizarse las tarjetas de marras y con qué obligaciones ante la Agencia Tributaria. Con alguna excepción, gastaban y amén. Unos más; otros menos; otros, un pastón.
Por lo que han declarado, el descontrol institucional sobre las mismas era también enorme. No había establecido sistema o protocolo de actuación sobre su entrega y cuidado, a pesar de que la entidad financiera llegó a destinar 15,2 millones –en casi diez años– para proveer tales fondos.
Los comparecientes han contado variopintas y contradictorias versiones sobre quién daba las tarjetas, cómo y cuándo. Aquello era todo un arbitrario y confuso sistema de reparto de alegres dineros en el que participaron gentes de todo nivel y toda clase y color; es decir, de casi todos los partidos, sindicatos y patronales.
Y para los consejeros constituía un más que interesante complemento. Según lo reconocido por uno de ellos, –que no fue de los más codiciosos–, a él le correspondieron 116.000 euros en concepto de paga variable, gastó 30.000 euros con la tarjeta y contaba con un seguro de vida rescatable por valor de 90.800 euros. Es fácil imaginar los codazos que habría por optar a tan cómoda y agradecible bicoca.

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