Todos los grupos políticos del Concello de Ferrol, excepto el Partido Popular se han manifestado en contra de esta alternativa sur en numerosas ocasiones y ayer volvieron a hacerlo pocas horas antes de que se diese luz verde al proyecto.
El grupo municipal de BNG en Ferrol fue el único que lo hizo formalmente. A las doce de la mañana presentó en el registro de la Autoridad Portuaria un documento solicitando al Consejo de Administración de la entidad la paralización del proceso de licitación del acceso ferroviario a Caneliñas mediante la alternativa Sur. 
Los nacionalistas incidieron en que el viaducto que contempla el proyecto supone una nueva barrera artificial en la ensenada de A Malata que se suma al relleno del muelle carbonero, lo que se traducirá, a su parecer, en la “destrucción la riqueza medioambiental y económica de la ría de Ferrol”, referencia, esta última, al banco de marisco que existe en ese emplazamiento. Además el portavoz del grupo, Iván Rivas, no obvió lo que para el BNG es un proceso cuestionable que se realizó “sin la declaración de impacto ambiental, sin tener en cuenta las alegaciones y con un informe desactualizado que no contempla elementos como un tendido eléctrico subterráneo”.
Rivas arguyó que la forma de proceder del ministerio de Fomento y del resto de agentes implicados en el proyecto denota que la alternativa elegida “responde únicamente a criterios económicos y que no tiene en cuenta las necesidades ni las valoraciones ambientales”.

implicación del gobierno
El concejal nacionalista pidió al gobierno de Ferrol en Común y PSOE “que abandone las declaraciones institucionales y haga algo”. Rivas señaló que los dos partidos del gobierno local deberían presionar a sus respectivos órganos nacionales para que incluyan este asunto como tema de debate en la formación del nuevo gobierno. “A no ser que consideren que no se trata de un tema tan importante”, dijo.
Asimismo, exigió a Suárez que haga uso de su competencia institucional e inicie un proceso judicial para denunciar la aprobación de esta licitación, “tal y como ha hecho el gobierno de Pontevedra con la planta de ENCE”, insistió.
El BNG también criticó que no se haya informado debidamente del proceso a los colectivos afectados.