El Valedor tramitó 20.807 expedientes de queja en 2018, un 29% menos que en 2017, con el foco en sanidad

Fernández Valiño hizo entrega del informe del Valedor do Pobo al presidente del Parlamento, Miguel Santalices | ep
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El Valedor do Pobo realizó durante el año 2018 un total de 24.771 actuaciones (con una media mensual de 2.063) y tramitó 20.807 expedientes de queja, un 29% menos que en el anterior ejercicio (cuando el total de expedientes gestionados fue de 29.365). El foco, como es habitual, estuvo en los servicios públicos, sobre todo en sanidad, urbanismo y educación.

Al frente de la institución, María Dolores Fernández Galiño, tras entregar el informe al presidente del Parlamento, Miguel Santalices, fue la encargada de presentarlo, aunque recordó que no corresponde a su gestión en la institución, puesto que ocupó el cargo hace dos meses tras la salida de Milagros Otero, quien se vio envuelta en una polémica por un nombramiento.

En concreto, la salida de Otero se produjo unos meses después de que el Tribunal Supremo ratificase la nulidad del nombramiento del puesto de jefe de servicio de Administración y Personal, por “desvío de poder”, a María Puy Fraga, sobrina del expresidente Manuel Fraga y hermana del portavoz parlamentario del PPdeG.

En esta coyuntura, Fernández Galiño se mostró prudente y evitó profundizar en las valoraciones. Sí remarcó que es lógico que sanidad y educación registren el mayor número de quejas al ser los servicios con mayor cantidad de usuarios.

También resalt´´o que el diálogo y la aceptación de las recomendaciones por parte de las administraciones, tanto en el ámbito autonómico como en el local (según lo que permiten los recursos de los municipios, más reducidos) es positiva; y destacó que hace años que no es preciso hacer “una declaración de hostilidad”. “Creo que desde 2006”, apostilló.

Expedientes

Tras enfatizar que un total de 24.771 personas se dirigieron a la institución para presentar reclamaciones o pedir orientación y asesoramiento sobre sus problemas (una media mensual de 2.063), precisó que los expedientes de quejas (algunas las firman colectivos o diferentes reclamantes) se situaron en 20.807 (lo que supone una media mensual de 1.734).

La atención teléfonica se requirió en 2.939 ocasiones (con una media mensual de 244) y la presencial, en 1.025 (lo que supone una media mensual de 83).

Con la entrega del informe al presidente del Parlamento arranca la tramitación en la Cámara del documento, que será calificado y continuará con una comparecencia de la valedora ante la Comisión de Peticiones. La tramitación finaliza con su comparecencia ante el pleno.

Menos quejas

El número de expedientes de queja tramitados cayó un 29% en relación a 2017 y es el más bajo desde 2014. El pico de quejas tramitadas, en todo caso, se alcanzó en 2016, con 64.937. La media mensual es de 1.734 expedientes, con un máximo de 9.044 en junio y un mínimo de 171 en enero.

Hay varias quejas con un mismo asunto y diferentes reclamantes, como por ejemplo en el expediente que atañe al cierre del servicio de pediatría en el centro de salud de Coruxo o a la actuación de la APLU en el Ayuntamiento de Vilaboa.

También se sumaron 1.128 reclamantes en lo que respecta a la falta de accesibilidad de los informativos de la TVG a las personas sordas. Sobre este asunto, la valedora apuntó que la televisión pública gallega aceptó la recomendación y está pendiente de cerrar un convenio con la Consellería de Política Social para poder mejorar la situación.

 

Actuaciones de oficio

La institución promovió un total de 43 actuaciones de oficio, por las que arrancó investigaciones sobre asuntos que podrían generar un perjuicio importante a los afectados. Supusieron el 0,22% de los expedientes y el 1,58% de los asuntos. En torno a la mitad de las actuaciones se iniciaron por asuntos de carácter social.

No en vano, la valedora incidió en que la institución vela por el respeto a los “derechos humanos”, por lo que el área social es su principal foco de actuación de oficio.

El Valedor tramitó 20.807 expedientes de queja en 2018, un 29% menos que en 2017, con el foco en sanidad