El Parlamento británico retomó ayer el debate sobre el acuerdo del Brexit con escasas perspectivas de que una mayoría vaya a respaldar el texto y con una renovada presión sobre la primera ministra, la conservadora Theresa May, para que presente un plan alternativo si pierde la votación.

La Cámara de los Comunes prevé evaluar el acuerdo durante cinco sesiones y votarlo el próximo martes, aunque una parte de los conservadores y sus socios del norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP) se continúan oponiendo, la misma falta de apoyos que llevó a May a posponer la votación en diciembre.

Los parlamentarios incrementaron ayer el control que ejercen sobre el proceso de salida de la Unión Europea (UE), al aprobar una cláusula que obliga a May a ofrecer un “plan B” tres días después de que el acuerdo resulte, eventualmente, rechazado.

Tres facciones
La enmienda fue puesta sobre la mesa por un diputado del propio Partido Conservador, dividido en al menos tres facciones: los proeuropeos que defienden un nuevo referéndum, aquellos que respaldan el pacto propuesto por su líder y el ala más euroescéptica, que ve con buenos ojos una salida sin acuerdo.

Algunos conservadores ya se habían aliado ayer con la oposición para aprobar otra disposición que limita el poder del Gobierno para recaudar impuestos en caso de que el Reino Unido rompa con la UE el próximo 29 de marzo de forma no negociada.

Si el Parlamento rechaza el pacto el próximo día 15, los diputados podrán además agregar enmiendas a la nueva hoja de ruta que deberá presentar la primera ministra, lo que puede facilitar que sometan a votación alternativas como celebrar un segundo plebiscito o posponer el Brexit.

Al mismo tiempo, un portavoz del Partido Laborista insistió en que el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, estudia presentar una moción de censura contra el Gobierno si pierde la votación del martes, aunque todavía no ha decidido si lo haría de forma inmediata.

A pesar de la falta de apoyos, May todavía parece confiar en que puede hacer cambiar de opinión a suficientes diputados en los próximos días.

Con ese objetivo, presentó ayer una batería de medidas para tratar de apaciguar las críticas sobre el mecanismo de salvaguarda diseñado para evitar una frontera en Irlanda del Norte. Tanto los “tories” euroescépticos como el DUP temen que esa cláusula deje atado al Reino Unido a las estructuras comunitarias en contra de su voluntad, en caso de que Londres y Bruselas tarden más años de los previstos en sellar un nuevo tratado comercial bilateral.

Activar la salvaguarda
Para tratar de alejar esa preocupación, la jefa de Gobierno se comprometió a que el Parlamento pueda decidir a finales de 2020 si prefiere activar ese mecanismo de salvaguarda o bien si opta por alargar el periodo de transición.

Avanzó asimismo que Londres otorgará a la Asamblea autónoma norirlandesa un “papel destacado” en la decisión de activar la cláusula de seguridad en caso de que llegue a ser necesaria.

Ese compromiso está recogido en un documento en el que el Ejecutivo establece diversas medidas específicas para la provincia británica en diferentes escenarios posteriores al Brexit.