El administrador independiente que se haga cargo de la liquidación de la Cámara de Comercio tendrá como primera misión elaborar la relación de bienes y deudas de la entidad. Estas últimas se elevarán con seguridad por encima de los tres millones de euros, toda vez que el acreedor más importante, el Ministerio de Hacienda, reclama más de 1,8 millones de euros a los que se suma cerca de medio millón por intereses y gastos.   
La desaparición de la cuota cameral obligatoria pilló a la entidad ferrolana, en el año 2012, en situación de quiebra técnica. Un poco más tarde, la reclamación por parte de Hacienda de más de 1,8 millones de euros, situó a la Cámara en un punto de no retorno, en el que ningún empresario se atrevió a presentar su candidatura para renovar los órganos de gobierno. 
El proyecto que dio la puntilla a la Cámara de Comercio llegó de la mano de Francisco Cruz, que fue presidente de la entidad empresarial durante doce años hasta que en 2010 el naronés Xoán Gato le ganó las elecciones. Cruz había empezado en 2004 a fraguar la posibilidad de que la Cámara contase con una “unidad de negocio” en el puerto exterior de Caneliñas, lo que después se vino a denominar un edificio de usos múltiples que, según se planteaba, ofrecería servicios de lo más variado a los futuros operadores de la terminal, desde reparación de contenedores hasta salas de reunión y una zona de intervención sanitaria.
Cruz y el entonces presidente de la Autoridad Portuaria, Amable Dopico, presentaron el proyecto definitivo en 2007. La Cámara se hizo con una concesión de 12.000 metros cuadrados para levantar un edificio que tendría 3.000 metros cuadrados útiles en sus tres alturas. El proyecto contaba con un presupuesto de 3,3 millones de euros, cuya financiación se resolvió con ayudas del Plan Ferrol que cubrían el 50% de la inversión y con préstamos y fondos propios.
Las obras empezaron y a finales de 2009 se anunciaba que la inauguración podría realizarse en la primavera de 2010. Nada más lejos de la realidad. Tras el  vuelco electoral que puso en manos de Xoán Gato la presidencia de la entidad empresarial, el nuevo pleno decidía remitir a la Fiscalía un informe sobre el proyecto en el que se ponía de manifiesto que, con solo un 34% de las obras ejecutadas, se habían gastado más de dos millones de euros, es decir, casi el 60% del presupuesto.   

registro de la propiedad
De aquello no siguió la apertura de un proceso judicial, pero las deudas fueron cumpliendo plazos hasta llegar al embargo. Según consta en el Registro de la Propiedad de Ferrol, tanto sobre el edificio que la Cámara de Comercio posee en la calle María –con dos referencias catastrales diferentes– como sobre la concesión administrativa que tiene en el puerto exterior pesa un embargo a favor de Hacienda para responder de 1,8 millones de euros más 474.964 euros de costas, intereses y gastos. A esa deuda, la más importante, se suman dos hipotecas sobre el citado edificio de la calle María por valor de más de medio milón de euros –sumado principal e intereses–, así como otro embargo por valor de más de 280.000 euros para responder de una indemnización a un trabajador, dictada por el Juzgado de lo Social número 2 de Ferrol, y otro por 2.044 euros del Concello de Ferrol. 
Las citadas cantidades suman más de tres millones de euros, si bien esa cifra de deuda se incrementará significativamente con las cantidades impagadas a los trabajadores y otros conceptos.