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viernes | 19 abril | 2024
La plataforma Más Plurales, que representa los intereses de la educación concertada desde que trascendió el contenido de la Lomloe, también conocida como Ley Celaá, volvió a salir ayer a la calle para expresar su rechazo a una reforma educativa que consideran “un atropelo ás liberdades democráticas e educativas”.
En este caso, la manifestación reunió a alrededor de medio centenar de vehículos adornados con lazos y globos naranjas y pancartas con eslóganes como “Si á liberdade de ensino!” o “Si á convivencia das redes educativas sen exclusións nin expulsións!”. En caravana, realizaron un recorrido circular por la ciudad. La capacidad de convocatoria se resintió con respecto a la movilización de hace un mes, hecho que la organización atribuyó a su deseo de no colapsar el centro.
Más Plurales insiste en que la nueva ley, que aún está en trámite parlamentario, atenta contra las libertades constitucionales, además, añade, de “pór en perigo” el futuro laboral de miles de trabajadores de la enseñanza concertada, de los centros de educación especial y del profesorado de la materia de Religión en los colegios e institutos públicos.
Desde la plataforma, que ayer coordinó protestas en muchas ciudades del Estado, se explica que la ley es “partidista e ideolóxica” y “non aborda os problemas reais da educación española”.
“Papel subsidiario”
La movilización incluyó la lectura de un manifiesto por parte de las asociaciones de padres y madres, que en el caso de Ferrol asumió la Federación de Anpas de Ferrolterra Concepción Arenal. En él lamentan la “falta de diálogo, negociación e consenso político nin social” y la “imposición” que, a su juicio, supone tramitarla a través de un procedimiento “exprés en plena pandemia”.
Además, subrayan que la Lomloe le asigna a la educación concertada un papel subsidiario con relación a la pública y que limita el derecho de los padres a “elixir libremente a educación dos seus fillos”.
El manifiesto apuesta asimismo por la convivencia “pacífica e harmónica” de las tres redes –pública, concertada y privada– y rechaza que la Ley Celaá “impoña unha distribución do alumnado baseada na planificación arbitraria da Administración por riba das necesidades reais de escolarización manifestadas polas familias”.
