El Gobierno central contestó a la diputada EnMarea, Yolanda Díaz, que el pasado mes de septiembre registró una pregunta sobre el último contrato en materia de eólica offshore que el astillero público Navantia firmó con la multinacional energética Iberdrola para la construcción de 42 estructuras por valor de 120 millones de euros.
Entre otras cuestiones, En Marea preguntó a la Mesa del Congreso qué papel desempeña Navantia en el nuevo contrato firmado con la energética española y si el socio Windar abona algún tipo de canon o pago similar por la ocupación del espacio de las instalaciones de Fene. Además, la diputada ferrolana hizo en su escrito especial hincapié en conocer por qué no es pública la información relativa a este contrato y por qué se le niega la información sobre este acuerdo a los representantes de los trabajadores, tal y como se denunció desde el comité de empresa. “¿Qué razones aduce la empresa Navantia para definir este acuerdo como confidencial?”, cuestionó Yolanda Díaz.

Además, dada la naturaleza de la UTE formada por el astillero y la empresa Windar, la diputada ferrolana pidió conocer “qué nivel de participación tendrán los trabajadores de Navantia” en este proyecto.

caso a caso
En relación a esta batería de preguntas, el gobierno informó a la diputada que entre las empresas que forman la UTE Navantia-Windar Renovables “no existe un acuerdo permanente, sino que en función de los proyectos a ofertar o ejecutar, caso a caso, estudian las posibilidades de colaboración con el objetivo de complementar sus actividades y hacer la oferta más competitiva”. Desde la administración central insisten en que, “en consecuencia, las prestaciones a desarrollar también varían en función de cada proyecto”. “El objetivo es siempre optimizar el uso de las instalaciones de Fene y Avilés, así como la aportación de mano de obra local, propia o subcontratada, en las áreas de influencia”, responden desde el gobierno sin especificar qué número de operarios propios aporta el astillero español.

Lo mismo ocurre con la relación entre la UTE Navantia-Windar Renovables e Iberdrola, S.A., que “también se determina caso a caso el alcance de la colaboración que, hasta el momento, se ha plasmado en dos proyectos”.

Respecto al “ocultismo” denunciado por En Marea sobre el contrato del proyecto East Anglia One, el ejecutivo español explica que este acuerdo “tiene carácter confidencial”. Esta cláusula –alegan– “no permite divulgar información sobre cualquier aspecto del contrato, siendo, por tanto, restringido el acceso a la información incluida en el mismo, al igual que en cualquier otra operación comercial”.

Por último, a la pregunta sobre las restricciones de acceso a determinadas zonas, responden desde el gobierno, que “los responsables de cada parte del proyecto están autorizados y tienen permiso de acceso a las áreas e instalaciones en donde se efectúan los trabajos. Además, arguye el ejecutivo que, tanto Iberdrola como la UTE, “exigen y fomentan el cumplimiento de las normas de seguridad en todas las áreas de trabajo”.