El Gobierno apuesta por incorporar a la legislación laboral vigente el contrato temporal con indemnización creciente como una “vía de solución” para dar respuesta a la problemática planteada por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre interinos.
Así lo señala el Ejecutivo en su respuesta por escrito a una pregunta de la diputada Aina Vidal, de En Comú Podem, sobre la sentencia europea que defiende que se debe equiparar en España la indemnización por despido en el caso de los trabajadores fijos e interinos.
El Ejecutivo cree que la puesta en marcha de la propuesta de un contrato temporal con indemnización creciente, incluida en el acuerdo suscrito entre el PP y Ciudadanos, podría ser una solución al asunto de las indemnizaciones de interinos que “evite discriminaciones y ofrezca más garantía a los trabajadores”.
En su pregunta, la diputada de Unidos Podemos también preguntaba al Gobierno si creía que era necesaria una modificación del Estatuto de los Trabajadores en el sentido de reconocer a todos los trabajadores temporales, ante la terminación de su contrato por las causas previstas en el mismo, de una indemnización equivalente a la prevista para el despido objetivo, al margen de la fecha de celebración de dicho contrato.
No obstante, el Ejecutivo no se pronuncia sobre la modificación del Estatuto de los Trabajadores en la respuesta por escrito que ha formulado.
La alternativa de un contrato temporal con indemnización creciente planteada por el Gobierno, y recogida con el acuerdo de investidura pactado con Ciudadanos, se asemeja a la que también acordó el partido de Albert Rivera con el PSOE el pasado mes de febrero.
Esta consistía en fijar un nuevo contrato “estable y progresivo” con una duración máxima de dos años, que sustituyese al actual contrato temporal y que contemplaba igualmente una indemnización creciente, mayor a la actual en el caso de despido objetivo, pero menor cuando se trata de despido improcedente.
Por otro lado, UGT cree que la nueva etapa política, en la que “la negociación y el acuerdo tienen que presidir las relaciones políticas, institucionales y laborales”, exige derogar las medidas de flexibilidad interna unilaterales del Estatuto de los Trabajadores porque supone la revocación del derecho de los trabajadores a la negociación colectiva.
Apuntó que se tiene que revisar “en profundidad” este unilateralismo “autoritario” que ha presidido las relaciones de trabajo durante los últimos años y restituir a los trabajadores el derecho a la negociación colectiva y a negociar y defender los intereses que tienen en las empresas.
UGT cree que es necesario que se acuerde una negociación “más justa y equitativa” para cuestiones como la movilidad geográfica, los procedimientos de suspensión y reducción de jornada o los mecanismos vigentes para establecer y modificar las condiciones de trabajo, entre otras cuestiones. Asimismo, para el sindicato es “esencial” recuperar el equilibrio en el sistema de relaciones laborales de España y la restauración de los mecanismos de negociación y concertación en las instituciones del mundo del trabajo.